EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, anunció una profunda transformación del sistema de fiscalización estatal: las Unidades de Auditoría Interna (UAI) pasarán a convertirse en “minicontralorías”, con el objetivo de reforzar el control interno y prevenir irregularidades en el uso de los recursos públicos.
La medida forma parte de un plan integral que apuesta por una supervisión más ágil, descentralizada y efectiva dentro de las instituciones gubernamentales.
A la par, el funcionario informó que se desconcentrarán las órdenes de pago de servicios de bajo riesgo —como electricidad, agua, seguros, telecomunicaciones y recogida de basura— permitiendo que las propias unidades internas validen y aprueben estos procesos.
Menos burocracia y mayor eficiencia en pagos
Según explicó Espinosa, esta iniciativa permitirá reducir los tiempos de respuesta, eliminar reprocesos administrativos y hacer más eficiente la gestión pública sin perder el control institucional.
La descentralización de pagos es considerada por expertos en administración pública como una estrategia clave para mejorar la eficiencia operativa. Estudios en gobernanza indican que los sistemas con controles internos robustos, pero ágiles, logran disminuir errores administrativos y riesgos de corrupción.
Control preventivo: clave según la ciencia
Especialistas en auditoría y control interno coinciden en que el enfoque preventivo es más eficaz que el correctivo. Modelos internacionales de gestión pública, como los promovidos por organismos multilaterales, destacan que fortalecer las auditorías internas reduce significativamente las irregularidades antes de que ocurran.
En ese sentido, la conversión de las UAI en minicontralorías responde a una tendencia global: empoderar las unidades internas para que actúen como primera línea de defensa contra el uso indebido de fondos públicos.
Llamado al cumplimiento de la ley y procesos digitales
Durante su intervención, el contralor fue enfático en exigir que todas las compras, servicios y obras del Estado se realicen a través del sistema electrónico de Contrataciones Públicas.
Asimismo, recordó que todos los contratos deben estar registrados en el Sistema TRE de la Contraloría, y advirtió que ninguna institución debe ejecutar pagos o compromisos sin la debida certificación del órgano rector.
“Las entidades no deben ejecutar ni recibir bienes o servicios sin la aprobación previa de la Contraloría”, subrayó.
Transparencia contractual y fin de renovaciones automáticas
Otro punto crítico abordado fue la gestión de contratos. Espinosa aclaró que no existen renovaciones automáticas, por lo que cualquier modificación debe cumplir estrictamente con los límites legales establecidos.
Expertos en derecho administrativo señalan que este tipo de controles evita vacíos legales y fortalece la transparencia, un factor determinante para la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Capacitación y fortalecimiento institucional
El anuncio se realizó durante la presentación del Plan de Transformación de los Procesos Misionales de la Contraloría, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde participaron más de 2,000 personas en dos jornadas de trabajo.
El evento incluyó capacitaciones técnicas, como la jornada NOBACI-ICI, y paneles especializados sobre control interno, con la participación de directores, auditores, abogados y responsables financieros del Estado.
Más auditoría especializada en sectores clave
Finalmente, el contralor adelantó que se trabaja en la incorporación de auditores especializados en áreas estratégicas como la seguridad social, con el fin de reforzar la vigilancia en sectores sensibles.
De acuerdo con analistas, la especialización del personal auditor permite una supervisión más precisa y efectiva, alineada con estándares internacionales de fiscalización.
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