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RD logra 43 condenas contra redes de trata en últimos tres años

SANTO DOMINGO. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) destacó este jueves la imposición de 43 sentencias condenatorias en los últimos tres años contra integrantes de estructuras criminales dedicadas a la trata de personas en el país. 

Yoanna Bejarán Álvarez, procuradora de corte y titular de la PETT, resaltó que estos resultados son fruto del trabajo interinstitucional, “sentando precedentes importantes que nunca se habían logrado en la República Dominicana”. 

La funcionaria habló durante la continuación del Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal: “Ciencia e Innovación contra el Crimen: Retos Contemporáneos de la Investigación Criminal”, realizado como parte del Plan de Modernización y Tecnificación de la Policía Nacional. 

Bejarán valoró la cooperación entre instituciones para desarticular redes de trata y exhortó a las áreas especializadas a abandonar metodologías tradicionales frente a los nuevos desafíos del cibercrimen. “Identifiquemos quiénes están detrás de esas estructuras”, dijo, al subrayar la importancia de la comunicación, la integración y la cooperación jurídica internacional. 

La procuradora advirtió que las organizaciones criminales utilizan criptomonedas para lavar activos y facilitar su flujo, lo que exige mayor preparación tecnológica de las autoridades. 

Bejarán también destacó los avances normativos recientes. Entre 2024 y 2025, la Ley de Trata de Personas fue modificada para declarar la imprescriptibilidad del delito, aumentar las penas y diferenciar entre autor y cómplice, aspectos que antes no estaban contemplados. 

El simposio, que concluye este viernes 6 de marzo, reúne a expertos nacionales e internacionales para analizar fenómenos delictivos regionales y el uso de inteligencia artificial en la investigación criminal. La meta es consolidar un modelo moderno, científico y transparente que fortalezca la capacidad de la Policía Nacional y eleve la confianza ciudadana en la seguridad pública. 

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