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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) advirtió sobre una situación de indefinición normativa que estaría afectando la operatividad del régimen especial de compras públicas en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), tras la entrada en vigor de la Ley núm. 47-25 y su reglamento de aplicación, contenido en el Decreto núm. 52-26.
La organización explicó que el nuevo reglamento derogó expresamente el Decreto núm. 31-22, instrumento que identificaba de manera formal las instituciones públicas obligadas a priorizar compras dirigidas a MIPYMES y a productores nacionales en el marco de los programas sociales del Estado.
Si bien el régimen especial establecido en la Ley 47-25 permanece vigente, el artículo 226 del Reglamento 52-26 dispone que las instituciones sujetas a su aplicación deben ser identificadas mediante un decreto específico, el cual, hasta la fecha, no ha sido emitido, en un comunicado de prensa.
Para CODOPYME, esta ausencia genera un vacío operativo que podría limitar la correcta ejecución de una política pública diseñada para garantizar la participación efectiva de las MIPYMES en procesos de contratación vinculados a programas de alimentación, asistencia social y suministro de insumos esenciales.
“Las MIPYMES necesitan reglas claras y plenamente operativas. La seguridad jurídica no es un detalle técnico; es una condición indispensable para planificar, invertir y sostener empleos”, expresó Fernando Pinales, presidente de CODOPYME.
El dirigente empresarial señaló que la falta del decreto identificador podría dar lugar a interpretaciones discrecionales o a una aplicación desigual del régimen especial, lo que afectaría directamente a miles de pequeñas y medianas empresas que dependen de estos procesos de contratación para su estabilidad y crecimiento.
En ese sentido, CODOPYME consideró necesario que se proceda con la emisión del decreto previsto en el reglamento, a fin de garantizar la aplicación efectiva del régimen especial, consolidar la coherencia normativa del sistema de compras públicas, evitar ambigüedades que puedan limitar la participación del sector y reafirmar el compromiso del Estado con el fortalecimiento del aparato productivo nacional.
“El país ha avanzado en la construcción de un marco legal que reconoce el rol estratégico de las MIPYMES. Ahora es fundamental asegurar que ese marco funcione plenamente en la práctica”, agregó Pinales.
CODOPYME reiteró su disposición de colaborar con las autoridades competentes para que el régimen especial de compras públicas cumpla su objetivo estratégico: impulsar el crecimiento sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas y fortalecer la producción nacional.
El fortalecimiento del aparato productivo dominicano —concluyó la organización— requiere normas claras, estables y ejecutables que generen confianza tanto en el sector empresarial como en la administración pública.
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