El abogado Joel Carlo Román. (Ilustración: El Nuevo Diario)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Joel Carlo Román fue presentado este martes ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de Puerto Plata, donde se le impuso una medida de coerción en el marco de una investigación por presuntos delitos de estafa, asociación de malhechores, falsificación de documentos y lavado de activos.
De acuerdo a un comunicado, el tribunal consideró que existen pruebas suficientes en el expediente que vinculan al imputado con los hechos investigados, y dispuso como medidas, el pago de una garantía económica en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica. Esta decisión se suma a otra medida de coerción previamente impuesta en San Francisco de Macorís por un caso similar bajo investigación, donde se le impuso cinco millones de pesos en efectivo como garantía económica.
En el expediente de solicitud de medida de coerción depositado por el Ministerio Público en Puerto Plata, figura como prófugo José Rafael Román Argotte, y se imputa como tercero civilmente responsable a la empresa Gurka Trade SRL, presuntamente utilizada como vehículo societario para perpetrar un fraude inmobiliario. Según la acusación, este esquema involucró un embargo ilegal contra el Restaurante Rocky Aqua en Playa Cabarete, en perjuicio de Rocky’s Star SRL y los ciudadanos estadounidenses Rocky Ross y Frank George, quienes alegan haber sufrido pérdidas superiores a 100 millones de pesos como consecuencia de las acciones atribuidas a Joel Carlo Román y los demás imputados.
La detención de Román se produjo el pasado 20 de febrero en San Francisco de Macorís, en virtud de la Orden de Arresto No. 2025-AJ0085924, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente adscrita al Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata.
Esta es la segunda ocasión en que es arrestado en relación con estas indagatorias, que derivan de una querella interpuesta por las víctimas Rockystar DR, S.R.L. y Rocky Ross, representados por los abogados Yan Carlos Martínez Segura y José Francisco Rivera.
ADDP/
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