EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Dirección de Desarrollo Social Supérate desarrolló este fin de semana una agenda de trabajo en la región Sur del país, con encuentros territoriales en Barahona, Azua y San Cristóbal, donde participaron unas 1,800 familias beneficiarias de los programas sociales que ejecuta el Gobierno dominicano.
La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, explicó que estas jornadas fueron concebidas como un ejercicio de escucha activa y diálogo social, orientado a interactuar directamente con las familias para recoger experiencias e identificar desafíos en el acceso a servicios y beneficios.
El despliegue responde a la estrategia de articulación territorial que busca acercar las políticas públicas a los hogares, permitiendo que las intervenciones sociales respondan a las realidades de cada comunidad. Según la entidad, este enfoque procura trasladar la gestión “del escritorio al territorio” para fortalecer la efectividad de los programas de protección social.
Durante los encuentros, las familias compartieron el impacto de los subsidios Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer y Fondo Discapacidad, así como del acompañamiento sociofamiliar integral, destacando mejoras en la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos.
Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de la ruta gubernamental para erradicar la pobreza extrema hacia 2028 y avanzar en el cumplimiento del objetivo de Hambre Cero, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, señalaron que los encuentros permiten evaluar avances en programas de formación para el empleo y emprendimiento, considerados clave para lograr la autonomía económica de los hogares.
Supérate informó que estas jornadas se enmarcan en la nueva institucionalidad establecida mediante el Decreto núm. 160-25, que unifica responsabilidades para consolidar los programas de protección social. La entidad también destacó que su organización territorial, basada en diez regiones de planificación nacional, facilita la coordinación entre autoridades locales, servicios públicos y comunidades para fortalecer la política social.
