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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) formalizaron un acuerdo de cooperación interinstitucional con el fin de elaborar y difundir un compendio normativo y jurisprudencial sobre Salud y Riesgos Laborales en la República Dominicana, según informaron ambas instituciones.
El acuerdo busca fortalecer la formación judicial, sistematizar el marco jurídico aplicable y apoyar la función jurisdiccional en el ámbito de la Seguridad Social.
El convenio fue suscrito por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, y el director de la ENJ, Ángel Brito, con la presencia del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, quien fungió como testigo de honor.
De acuerdo a un anota de prensa, dentro de los términos del acuerdo, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la investigación científica, el levantamiento y análisis de datos vinculados a los temas estratégicos orientados al desarrollo del compendio. Esto incluye el acceso mutuo a materiales didácticos y científicos, normativos, jurisprudenciales y otras publicaciones relevantes.
La ENJ se encargará de identificar, recopilar y organizar las decisiones judiciales conforme a los criterios técnicos de Sisalril. Además, definirá y gestionará los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución del proyecto. La escuela también se compromete a preparar el contenido del compendio, coordinando investigadores, la diagramación y la corrección de estilo, así como a organizar, en conjunto con Sisalril, la publicación digital y la impresión física de la investigación.
Por su parte, Sisalril proporcionará criterios técnicos, orientaciones y aprobaciones para la selección del contenido, facilitará el acceso a su biblioteca y normativa institucional, y brindará apoyo técnico en comunicación y línea gráfica.
Las partes firmantes destacaron la importancia de establecer mecanismos de cooperación interinstitucional que contribuyan a la formación continua de jueces, juezas y servidores judiciales en materias relacionadas con seguridad social, salud, riesgos laborales y la resolución de conflictos derivados de dichas áreas.
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