Santo Domingo.– Ante el alarmante aumento de agresiones, amenazas y atropellos contra médicos, enfermeras y personal administrativo y de seguridad en hospitales y clínicas del país, la presidenta del Movimiento Médico Alianza Gremial y pasada presidenta de la Agrupación Médica Dominicana (AMD), doctora Coral Pereyra, expresó su firme respaldo a que el Congreso Nacional revise, amplíe y consensúe con urgencia el proyecto de ley destinado a garantizar la protección del personal de salud en el ejercicio de sus funciones.
La dirigente gremial subrayó que la iniciativa legislativa debe establecer sanciones claras, contundentes y ejemplarizantes, incluyendo el apresamiento de toda persona que incurra en agresiones físicas, verbales o en cualquier forma de intimidación o irrespeto contra médicos y trabajadores sanitarios, mientras estos cumplen con su deber de atender a la población.
Pereyra advirtió que los médicos dominicanos ejercen su labor en medio de grandes limitaciones estructurales, alta demanda de servicios y condiciones adversas, por lo que resulta inaceptable que, además de estas dificultades, tengan que enfrentar escenarios de violencia e inseguridad dentro de los centros de salud públicos y privados.
Asimismo, sostuvo que una ley de esta naturaleza no solo protegería al personal sanitario, sino que también contribuiría a restablecer el respeto, el diálogo y la convivencia entre pacientes, familiares y profesionales de la salud, elevando la calidad de la atención médica y fortaleciendo el sistema sanitario nacional.
Finalmente, la presidenta del Movimiento Médico Alianza Gremial hizo un llamado directo a los legisladores para que prioricen esta iniciativa y escuchen a los gremios del sector salud, a fin de dotar al país de un marco legal moderno, efectivo y disuasivo, que garantice la integridad, la dignidad y la seguridad de quienes dedican su vida al cuidado de la salud del pueblo dominicano.
Sobre la pieza
La iniciativa, depositada por el diputado Miguel Arredondo, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), surge como respuesta al deterioro de la seguridad en los centros hospitalarios y al creciente número de confrontaciones entre familiares de pacientes y personal médico.
El proyecto se estudia en un contexto marcado por hechos recientes de violencia, como el ocurrido en el Hospital Francisco E. Moscoso Puello, donde familiares de un paciente profirieron improperios contra personal de enfermería y agredieron físicamente a un agente de seguridad del centro.
Según el artículo 9 de la propuesta, la agresión física contra un servidor de salud conllevaría penas de uno a siete años de prisión, mientras que las agresiones verbales serían sancionadas con penas de uno a tres años, sin perjuicio de posibles demandas civiles adicionales.
