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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Legisladores, expertos en derecho internacional y representantes de organizaciones vinculadas a los derechos humanos rechazaron este lunes, el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se cuestiona la política migratoria aplicada por la República Dominicana.
Los especialistas y parlamentarios coincidieron en señalar que el Estado dominicano, como nación soberana, está plenamente facultado para diseñar y ejecutar sus políticas migratorias, incluyendo la deportación de ciudadanos extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, siempre que estas acciones se realicen conforme al marco legal vigente y al respeto del debido proceso.
Asimismo, indicaron que el informe de la CIDH presenta una visión parcializada de la realidad dominicana, al no tomar en cuenta la presión migratoria que enfrenta el país, especialmente por la crisis política, social y económica que afecta a Haití, lo que ha generado un flujo migratorio sin precedentes hacia el territorio nacional.
El senador Ramón Rogelio Genao, advirtió que la República Dominicana no puede cargar de manera unilateral con las consecuencias de una crisis que trasciende sus fronteras, al tiempo que recordaron que el país ha sido históricamente solidario con la población haitiana.
Genao subrayó que RD es «víctima cíclica» de los organismos internacionales que quieren imponerle que cargue con la descomposición institucional que se vive en la vecina nación, mientras ellos continúan manteniéndose indiferentes.
«La República Dominicana no puede hacer más de lo que hace; nosotros rechazamos esas nuevas acusaciones, esos nuevos pedimentos en el sentido que es materialmente imposible para los dominicanos que somos un país en vía de desarrollo seguir cargando con la desgracia de Haití», sostuvo el legislador.
De su lado, el diputado Braulio Espinal, expresó que las intenciones de los organismos parecería que quisieran la unificación de ambas naciones o que sea la República Dominicana quien siga poniendo la cara ante la crisis institucional que atraviesa la isla vecina.
«Pero aquí en la República Dominicana quedan hombres y mujeres que estamos dispuestos a dar nuestras vidas como la dieron aquellos que pelearon para defender este país», agregó.
El experto en política migratoria internacional Luis González, puntualizó que en República Dominicana en materia migratoria está haciendo lo que hacen todos los países del mundo, señalando que constitucionalmente está facultada para aplicar la Ley.
Asimismo, resaltó que «aquí no se está violando el derecho de nadie, si alguien está ilegal tenemos el derecho a la deportación y también a la organización interna de nuestra migración».
Para exdiplomático, Luis Pérez, la política migratoria del país en relación a los extranjeros de nacionalidad haitiana ha estado basada en la solidaridad por lo que rechazó de manera contundente el informe de la CIDH.
«Un país solidario como lo es la República Dominicana nunca podría tener una política discriminatoria», sostuvo el también catedrático universitario.
El representante de los Derechos Humanos sin Rostro, Eugenio Torres, destacó que en el país a los extranjeros ilegales se les ofrece servicios de salud, educación y empleo, sin recibir el respaldo suficiente de la comunidad internacional.
En ese sentido, defendió la aplicación de controles migratorios y repatriaciones al tiempo que subrayó que no existe una violación de derechos humanos, sino una atribución legítima del Estado, contemplada tanto en la Constitución como en las leyes migratorias.
De acuerdo a lo que establecen las normativas jurídicas, el Estado no está obligado a permitir la permanencia indefinida de personas extranjeras en situación irregular, además de que la soberanía nacional debe ser respetada por los organismos internacionales.
En su informe, la CIDH subrayó que está preocupada por la adopción de políticas migratorias que podrían afectar considerablemente el ejercicio de derechos de las personas en movilidad en el país y llamó al Estado a revisar su marco normativo desde un enfoque interseccional de derechos humanos.
También señaló que viene recibiendo informaciones desde abril de 2025 sobre la implementación de medidas migratorias que buscan, entre otros objetivos, reforzar la seguridad de la frontera, incrementar el número de agentes migratorios, ampliar la eficiencia de las deportaciones, así como establecer un protocolo para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en situación migratoria irregular.
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