Mohammadi, reconocida defensora iraní de los derechos humanos, permanece detenida en el centro de seguridad del Ministerio de Inteligencia en la ciudad nororiental de Mashhad, donde cumple su día 59 de detención tras haber sido arrestada el pasado 12 de diciembre. Durante semanas estuvo sometida a aislamiento absoluto y a un bloqueo total de comunicaciones, hasta que hoy pudo hablar brevemente por teléfono con su abogado, Mostafa Nili.
La huelga de hambre, iniciada el lunes 2 de febrero, fue interrumpida hoy en su sexto día debido al grave deterioro físico que presenta la activista, de 53 años, cuyo historial médico incluye infartos, hipertensión arterial, dolor torácico y problemas de columna, recordó la Fundación con sede en París.
De acuerdo con su abogado, Mohammadi fue trasladada al hospital hace tres días por el empeoramiento de su estado, aunque fue devuelta al centro de detención antes de completar el tratamiento necesario.
La Fundación Narges advirtió de que la detención continuada de la Premio Nobel supone un riesgo inmediato para su vida y constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos, al impedirle el acceso regular a atención médica especializada y a su equipo sanitario habitual.
La preocupación se intensificó tras conocerse que Mohammadi fue condenada la víspera a siete años y medio de prisión en un nuevo proceso judicial. Según informó Nili en la red social X, la activista compareció ante el tribunal pese a sus objeciones y, en señal de protesta contra lo que considera un juicio ilegítimo, se negó a presentar defensa alguna.
El tribunal la condenó a seis años de cárcel por «colusión contra la seguridad nacional» y a un año y medio por «propaganda contra el régimen», además de imponerle dos años de exilio interno en la ciudad de Khusf y una prohibición de viajar durante otros dos años.
Con esta sentencia, Mohammadi acumula condenas que superan los 44 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido más de 17, además de haber recibido 154 latigazos por condenas anteriores, según la Fundación Narges.
Su marido, el activista político Taghi Rahmani, aseguró en el comunicado que su negativa a defenderse responde a la convicción de que el sistema judicial iraní «carece de toda legitimidad» y calificó el proceso de «juicio espectáculo con un veredicto predeterminado».
Su hija Kiana Rahmani expresó su «profunda preocupación» por la vida de su madre y reclamó su liberación inmediata.
La Fundación Narges hizo un llamamiento urgente a Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que adopten medidas firmes e inmediatas ante lo que calificó de graves violaciones de los derechos fundamentales y exigió la liberación «inmediata e incondicional» de todos los presos políticos.
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