Santo Domingo.– El presidente del Episcopado Dominicano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, advirtió que la corrupción representa “un cáncer que lo corroe todo” y exhortó al Gobierno a mantenerse vigilante para evitar que este flagelo empañe la gestión pública, pese a reconocer que el país “marcha bien”.
Rodríguez señaló que existe preocupación cuando personas que ingresan al tren gubernamental lo hacen con la responsabilidad de administrar instituciones desde la honestidad, pero terminan cayendo en prácticas que deslucen la gestión estatal.
“Sí nos preocupa, porque pensamos que quienes van al tren gubernamental es para manejar sus instituciones desde la honestidad, y entra ese cáncer de la corrupción que lo daña todo”, expresó.
El líder de la Iglesia católica ofreció estas declaraciones durante su presencia en la Junta Central Electoral (JCE), en el marco del inicio del proceso de renovación de la cédula de identidad y con motivo del 213 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. En ese contexto, hizo un llamado al presidente Luis Abinader y a su Gobierno a evitar escándalos de corrupción, como el recientemente denunciado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por su parte, el obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, Jesús Castro Marte, reiteró que el enriquecimiento ilícito es un tema que preocupa profundamente a la Iglesia y consideró que la conmemoración del natalicio de Duarte es una fecha propicia para reflexionar y pedir que hechos como los señalados en Senasa no se repitan.
“Siempre es bueno retomar las debilidades para ser fortalecidos. En todas partes del mundo hay que cuidarse y mantener los controles”, sostuvo Castro Marte.
Castro Marte también hizo referencia a la Carta Pastoral 2026, en la que la Iglesia denuncia que la corrupción en el sector salud no solo constituye un delito financiero, sino una acción “inhumana”, ya que priva a los ciudadanos más vulnerables de medicamentos y tratamientos esenciales.
Finalmente, monseñor Rodríguez reiteró que los casos de corrupción deben ser conocidos y dirimidos por la justicia, conforme a lo establecido en las leyes, permitiendo que los procesos avancen con transparencia e independencia.
