Fachada Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). (Foto: AIRD).
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) solicitó este martes la suspensión inmediata del ajuste tarifario implementado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), calificándolo de desproporcionado e injustificado, con aumentos de hasta 400% para el sector industrial.
La AIRD expresó su preocupación por el impacto de este aumento en las tasas por servicio, instando a una revisión del proceso bajo los principios de legalidad, transparencia y consulta pública con los sectores productivos afectados, según detalló un comunicado de prensa.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, manifestó la disposición del gremio a colaborar en la búsqueda de soluciones equilibradas, enfatizando la necesidad de servicios públicos sostenibles y previsibilidad en la formulación de políticas públicas.
«El país necesita servicios públicos sostenibles, así como el sector productivo necesita previsibilidad en los procesos de estructuración de políticas públicas. Cualquier reajuste tarifario debe construirse sobre bases legales, participativas y técnicamente sustentadas. Decisiones sorpresivas, como ésta, impactan los principios de seguridad jurídica a los que está acostumbrado el sector industrial», afirmó Pujols.
Asimismo, la AIRD criticó la falta de consulta pública y la ausencia de estudios técnicos que justifiquen el alza, argumentando que la CAASD ignora las disposiciones legales que garantizan el debido proceso y la previsibilidad normativa. Pujols señaló que la medida se implementa de manera abrupta y sorpresiva, sin gradualidad, afectando presupuestos ya aprobados por las empresas para 2026.
Añade que, la introducción de diferencias tarifarias significativas entre industrias nacionales y zonas francas, lo cual, según la AIRD, resta competitividad al sector industrial y genera discriminación.
«Con esta decisión, la CAASD ignora el mandato de diversas disposiciones legales que garantizan el debido proceso y la previsibilidad normativa en nuestro país. La medida no incluye una gradualidad en el ajuste tarifario, implementando de manera abrupta y sorpresiva un incremento considerable de las tarifas cuando los presupuestos del 2026 habían sido ya aprobados por las empresas afectadas» precisó el empresario.
Pujols concluyó advirtiendo sobre «la falta de criterios homogéneos y transparencia en las decisiones tarifarias de las corporaciones de acueducto y alcantarillado a nivel nacional, lo cual afecta al sector industrial y tiene un impacto en los precios de los productos de primera necesidad».
NLP/
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