Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) sacó del mercado centenares de pistolas y escopetas de juguete que utilizan balines de hidrogel, tras establecer que comprometen la seguridad real e inminente de la vida, la salud y la integridad física de la población, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
La información fue ofrecida este jueves por el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, quien explicó que los operativos se realizaron en jugueterías y otros establecimientos comerciales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, como parte de una ofensiva nacional contra productos que constituyen un riesgo para la salud infantil.
“Estamos hablando de juguetes que no son inofensivos, como muchos creen. Estos artefactos pueden provocar lesiones oculares severas, incluyendo desprendimiento de retina, inflamación grave y pérdida total o parcial de la visión, y no vamos a permitir que esto ocurra en nuestro país”, informó Alcántara.
El funcionario anunció que los operativos continuarán en los próximos días en otras ciudades del país “hasta retirar del mercado la totalidad de estos juguetes”.
“Nuestra prioridad es prevenir tragedias. Un solo disparo de estos balines, incluso a corta distancia, puede causar daños irreversibles, como la ruptura del globo ocular. No esperaremos a que ocurra una desgracia mayor para actuar”, señaló.
Alcántara explicó que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley No. 358-05 General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, “los productos y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, consumidos o utilizados en condiciones normales o previsibles, no presenten peligro o nocividad ni riesgos imprevistos para la salud y la seguridad del consumidor o usuario”.
“Actuamos conforme a la ley al retirar del mercado las pistolas y escopetas de juguete, por representar un grave riesgo para la salud y la seguridad de los niños, porque nuestro deber facultativo es proteger al público frente a productos peligrosos, garantizar la seguridad del consumo y exigir que los riesgos previsibles sean advertidos eficazmente a la población”, expresó.
