Santo Domingo. – El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) expresó su inquietud ante las denuncias realizadas por el Instituto Duartiano y por el ex presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, sobre supuestas presiones de organismos internacionales orientadas revertir los efectos de la sentencia 168-13 del TC, que estableció la depuración del registro civil y la correcta aplicación de un plan de control regulatorio.
La entidad evangélica indicó que observa “con expectativa” la posición expresada por el canciller Roberto Álvarez, quien aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) no tiene intenciones de modificar el referido fallo constitucional. La entidad evangelica enfatizó que dicha postura debe reflejarse de manera clara y coherente en todos los escenarios donde el país tenga representación oficial.
Llamado a la vigilancia cívica y defensa constitucional
El representante del Codue, Feliciano Lacen, respaldó las alertas emitidas por Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, así como las declaraciones de Ray Guevara, destacando la necesidad de mantener una vigilancia activa frente a cualquier intento de imponer directrices externas en asuntos migratorios y constitucionales.
“Exhortamos a las autoridades y a la sociedad civil a proteger la institucionalidad, defender las decisiones del Tribunal Constitucional y mantenerse alertas ante cualquier escenario que pueda comprometer la soberanía nacional”, afirmó Lacen.
Feliciano Lacen Custodio advirtió que, de confirmarse estas versiones, se estaría ante una situación lesiva para la soberanía jurídica e institucional de la República Dominicana, al desconocer una sentencia constitucional que estableció criterios precisos para la depuración del Registro Civil y la aplicación de políticas de control y regularización conforme al marco legal vigente.
Codue recordó que la Sentencia 168-13 tuvo como objetivo ordenar el sistema registral, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el respeto al Estado de derecho, sin perjuicio de la implementación de políticas públicas de documentación para todas las personas que residen en el país, nacionales o extranjeras, de acuerdo con lo establecido por la ley.
