EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) evaluó este martes los progresos y obstáculos en la institucionalidad y el sistema de justicia, identificando oportunidades de mejora que se vislumbran en el horizonte de cara al 2026.
De acuerdo al documento, a lo largo de 2025, la sociedad dominicana presenció una intensa actividad en los ámbitos legislativo y judicial, manifestada en iniciativas y fallos de gran relevancia institucional. «De cara al 2026, se precisa intensificar el trabajo legislativo, enfocándonos en el estudio y la aprobación de reformas que respondan de forma eficaz al dinamismo de la sociedad actual».
Para la entidad, en este año el reto es superar la fragmentación institucional y avanzar hacia la coordinación interinstitucional eficaz, con diálogo estructurado entre el Estado y la sociedad.
«En ese sentido, la gobernanza democrática en 2026 debe profundizar participación ciudadana, fortalecer controles administrativos y promover cultura de legalidad para reforzar la confianza pública. Mantener el impulso reformador como eje central será determinante para instituciones transparentes, eficientes y alineadas con los derechos fundamentales y el interés general», finalizó diciendo.
Texto íntegro
Análisis sobre la institucionalidad y la justicia en 202 y desafíos para 2026
Finjus reafirma su compromiso inquebrantable con el fortalecimiento del orden democrático y su mejora continua. Por ello, prestamos gran atención a los actos de los órganos públicos y realizamos un análisis sistemático y objetivo de su impacto y significado en el marco de nuestro ordenamiento jurídico y en la sociedad, desde una visión constructiva y propositiva. En este documento, ofrecemos un balance del pasado 2025 y una proyección de los retos del 2026, para fomentar la reflexión social sobre la importancia y el alcance de la institucionalidad en el país.
A lo largo de 2025, la sociedad dominicana presenció una intensa actividad en los ámbitos legislativo y judicial, manifestada en iniciativas y fallos de gran relevancia institucional. De cara al 2026, se precisa intensificar el trabajo legislativo, enfocándonos en el estudio y la aprobación de reformas que respondan de forma eficaz al dinamismo de la sociedad actual. Al inicio del 2026, es crucial evaluar los progresos y obstáculos en la institucionalidad y el sistema de justicia, identificando oportunidades de mejora que se vislumbran en el horizonte.
1.El sistema de justicia y la institucionalidad democrática
La solidez del sistema democrático radica principalmente en la capacidad del Estado para asegurar instituciones robustas, confiables y sujetas a controles eficaces. La presencia de marcos normativos transparentes y mecanismos de supervisión sobre las entidades públicas refuerza la legitimidad institucional y la confianza de los ciudadanos en el Estado.
En sociedades como la nuestra, caracterizada por cambios sociales y crecientes demandas ciudadanas, se requiere avanzar hacia una mayor independencia judicial, una gestión más eficiente de los procesos, transparencia en el manejo de recursos públicos y la profesionalización de los órganos encargados de la seguridad ciudadana.
Un aspecto clave durante 2025 fue la lucha contra la impunidad. Apreciamos las acciones dirigidas a combatir la corrupción y a robustecer los mecanismos de rendición de cuentas, como el establecimiento de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, la implementación de reformas legales para endurecer las penas por delitos de corrupción y lavado de activos, la recuperación de fondos públicos desviados y la separación de funcionarios implicados en irregularidades.
En 2025, el país fue escenario de debates sobre los desafíos derivados de la Ley núm. 74-25, que establece el nuevo Código Penal dominicano. La actualización de esta legislación penal era inevitable, ya que debe reflejar los cambios sociales, las nuevas modalidades delictivas y proporcionar líneas coherentes para la formulación y ejecución de una política criminal actualizada.
En este marco, el Estado tiene la obligación de diseñar políticas que permitan un control efectivo de la criminalidad, asegurando al mismo tiempo el respeto al orden público, el bienestar colectivo y los derechos individuales. La aplicación de la ley penal enfrenta complejidades cuando no hay un modelo unificado que integre los cambios sociales con la práctica judicial, reforzando la necesidad de avanzar hacia normativas más claras y uniformes.
Respecto a la percepción ciudadana de la corrupción, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, divulgado a principios de 2025, mostró un progreso en la República Dominicana. Sin embargo, estos avances positivos coexisten con retos estructurales que aún obstaculizan la consolidación de una cultura de integridad en la administración pública.Un análisis más detallado de las instituciones del sistema de justicia nos muestra avances importantes y retos más concretos en 2026.
1.1.Avances en el sistema de Defensa Pública
En 2025, la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) siguió consolidando su rol en la garantía del derecho fundamental a la defensa para personas con recursos económicos limitados, cumpliendo con su mandato constitucional y legal. Durante este periodo, la institución mantuvo una plantilla de 640 colaboradores, lo que facilitó la expansión y sostenibilidad del servicio de defensa pública en todo el territorio nacional.
En el contexto del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 y siguiendo las orientaciones del Consejo Nacional de Defensa Pública (CNDP), se enfocaron esfuerzos en optimizar la eficiencia operativa, reforzar la transparencia administrativa y asegurar la calidad del servicio prestado a la ciudadanía, contribuyendo así a un sistema de justicia más inclusivo y equitativo.
En términos de control interno, la Contraloría Institucional cumplió el 95% del Plan Anual de Auditoría y examinó más de 1,700 expedientes financieros, garantizando el uso adecuado de los recursos públicos y fortaleciendo los sistemas de rendición de cuentas
1.2.Ministerio Público
El rendimiento del sistema de justicia en 2026 sigue ligado estrechamente a la capacidad del Estado para potenciar sus instituciones dedicadas a la persecución penal y la defensa del interés público. En este sentido, el Ministerio Público permanece como un actor clave para la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales, la erradicación de la corrupción y la disminución de la impunidad, metas que han sido priorizadas repetidamente por el Estado.
En 2025 el Ministerio Público continuó con el proceso de adecuación de su planificación, siendo su logro más destacado la elaboración del Plan Estratégico 2025-2029, con la participación de todas las áreas institucionales, y el involucramiento de la Defensoría Pública y el Poder Judicial, para fortalecer la interoperabilidad del sistema. En el nuevo Plan Estratégico se prioriza el enfoque de una justicia de proximidad, predictiva y basada en evidencia.
Esta labor de fortalecimiento institucional, mediante procesos de reingeniería, conllevó a la creación de unidades especializadas, como la Procuraduría Especializada Antidrogas, Unidad de Extinción de Dominio, Unidad de Captura de Prófugos, Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, Dirección de Gestión de Procesos, Unidad contra el Maltrato Animal, Unidad de Investigación contra el Tráfico de Personas y el Sistema de Atención al Ciudadano. En el ámbito de la profesionalización de los fiscales a nivel nacional, se ascendieron 164 fiscales por concurso (de 525 postulantes), con 114 efectivos inmediatamente, y varios programas de actualización que han elevado la capacidad de los fiscales para su acción permanente.
Al iniciar 2026, entramos a una fase crucial en la consolidación de una política de persecución penal más coherente, sostenible y medible. Más allá de medidas puntuales, el desafío reside en acordar un marco de acción integral que integre componentes normativos, presupuestarios y organizacionales para satisfacer las demandas actuales del sistema de justicia.
Desde una perspectiva institucional, en 2025 se ha observado un aumento en la percepción social sobre el trabajo del Ministerio Público, evidenciado por el volumen y la complejidad de las acusaciones presentadas en tribunales, especialmente en casos de corrupción administrativa y malversación de fondos públicos.
Persisten desafíos estructurales que demandan atención inmediata en 2026, como la alta carga laboral ligada a la mora judicial, la representación en múltiples jurisdicciones, dificultades presupuestarias y mejoras en fiscalías y áreas especializadas, lo que hace imprescindible progresar hacia un modelo de gestión que combine condiciones salariales equitativas con mecanismos objetivos y transparentes de evaluación del desempeño. La aplicación efectiva de los principios de la Ley Orgánica del Ministerio Público requiere reforzar los sistemas de evaluación para cambios de funciones y ascensos, en base a méritos, capacitación y experiencia.
1.3.Poder Judicial
El Poder Judicial ha registrado avances significativos en su gestión institucional y en la mitigación de los desafíos históricos arrastrados desde el pasado. Este logro se inscribe en la ejecución del Plan contra la Mora Judicial, diseñado para enfrentar más de 18,000 casos acumulados desde 2019 y para construir capacidades institucionales que prevengan nueva acumulación. Especial mención a la labor de la Suprema Corte de Justicia que resolvió 58,379 recursos de casación.
Se conoce que, en diciembre de 2025, el 80% de los tribunales nacionales superaron la mora judicial, comparado con el 30% al inicio de 2024. Estos progresos reflejan mejoras sustanciales en la capacidad de respuesta del sistema. Sin embargo, también destacan la necesidad de consolidar estos avances para evitar regresiones y asegurar su perdurabilidad.
Desde el ángulo de la modernización institucional, en 2025 se implementó la Ley Núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en procesos judiciales y administrativos, junto con la aprobación del Reglamento para el Uso de Documentos y Firmas Digitales en la Función Notarial, siendo un avance en la transformación digital de la justicia. Un reto importante es asegurar la interoperabilidad tecnológica, la seguridad de los datos y la capacitación.
En el aspecto de la infraestructura marca un hito la inauguración de la Ciudad Judicial de Santo Domingo, que integra los servicios del Poder Judicial, la Defensa Pública y el Ministerio Público, beneficiando a más de 2.9 millones de personas, mejorando el acceso a la justicia y optimizando los servicios. Esto abre el reto de replicar este modelo en otras jurisdicciones con alta demanda para reducir disparidades territoriales.
Valoramos el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y gestión basada en datos, para generar mayor confianza ciudadana, de la mano de la calidad, frecuencia y accesibilidad de la información generada, así como a su uso en la toma de decisiones.
Lo anterior debe combinarse con los desafíos estructurales prioritarios, como la respuesta oportuna a la demanda de servicios judiciales, especialmente en lo penal. Se requiere consolidar el Programa de Optimización Penal para elevar los estándares de calidad, en tiempo y eficacia, en coherencia con los logros en la reducción de mora.
En última instancia, el refuerzo de la confianza ciudadana en el sistema de justicia se posiciona como un eje transversal. Este objetivo demanda, por parte del Poder Judicial, avances sostenidos en transparencia, rendición de cuentas, calidad de los fallos judiciales y la gestión eficiente de los recursos.
1.4.Sobre el sistema penitenciario y el Ministerio de Justicia
Finjus ha sostenido que un sistema legal ambiguo, complejo y desactualizado limita el acceso efectivo a la justicia y debilita el Estado de derecho. Por esto se precisan reformas estructurales que trasciendan ajustes puntuales y apunten a cambios institucionales profundos, con un enfoque democrático y de derechos.
Una de las áreas donde estas debilidades muestran más gravedad lo representa el sistema penitenciario. Aunque su misión es garantizar el cumplimiento de las penas y crear condiciones reales para la reinserción social, las condiciones que han predominado han limitado progresivamente su logro, generando una gran contradicción entre nuestros principios constitucionales y legales, y la realidad del sector. A finales del 2025 se han comenzado a implementar importantes medidas, como el cierre de la Penitenciara de la Victoria, la apertura del Centro Penitenciario de Las Parras, la incorporación efectiva de personal técnico penitenciario en diferentes recintos a nivel nacional y la articulación de un liderazgo propio en la gestión del sistema.
En 2025, un avance institucional relevante ha sido el impulso a la creación del Ministerio de Justicia, concebido como el órgano rector de políticas clave del sistema de justicia, incluyendo la coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional. Este avance responde a una necesidad histórica del Estado dominicano de superar la fragmentación institucional en la política de justicia, particularmente en materia penitenciaria. La creación del Ministerio de Justicia permitirá dotar al sistema de un órgano con capacidad de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas de manera integral, superando la dispersión de competencias, la debilidad en la rendición de cuentas y la falta de coherencia entre los objetivos normativos y la ejecución operativa.
La puesta en marcha del Ministerio abre la posibilidad de consolidar una política penitenciaria basada en derechos, con liderazgo político claro, planificación estratégica y articulación interinstitucional, elementos indispensables para avanzar hacia un modelo orientado a la dignidad humana, la reinserción social y el fortalecimiento del Estado de derecho.
De cara a 2026, el reto central será garantizar que esta reforma institucional se traduzca en mejoras concretas y que sean sostenibles. Resulta prioritario rediseñar e implementar programas interdisciplinarios que aseguren condiciones de salud, educación y vida digna en los centros.
1.5.Retos en la evaluación y selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia
El proceso de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia sigue mostrando el debate entre los principios constitucionales de independencia judicial y las dinámicas que aún inciden en la conformación del máximo órgano del Poder Judicial. Esto se volvió a manifestar en 2025 y FINJUS propuso algunos criterios que permitirían superar esta realidad en el futuro.
Si bien el marco normativo establece criterios orientados al mérito, la idoneidad y la transparencia, en la práctica subsisten debilidades vinculadas a la discrecionalidad, la insuficiente motivación pública y la percepción de influencia de intereses coyunturales en el marco de la evaluación de los magistrados al término de su periodo y el proceso de selección de sus sustitutos.
De cara al porvenir, el principal reto consiste en fortalecer mecanismos objetivos, verificables y participativos que garanticen procesos de selección basados en capacidades técnicas, trayectoria ética e independencia, evitando la reproducción de falencias estructurales que comprometan la legitimidad institucional de la Suprema Corte de Justicia y la confianza ciudadana en el sistema judicial.
La esperanza de FINJUS es que, al abordar el nuevo proceso de evaluación de siete magistrados de la Suprema Corte de Justicia, a mediados de este 2026, predomine la evaluación técnica del desempeño, en base a los criterios objetivos que señalan las leyes.
2.Reforma de normativas fundamentales
Hacia 2026, el proceso de reforma de las leyes clave se afirma como un pilar estratégico para robustecer la institucionalidad democrática y elevar el bienestar ciudadano. Más allá de la concepción tradicional de seguridad, el foco se desplaza hacia la creación de un entorno institucional que garantice derechos, fomente confianza pública y responda eficazmente a demandas sociales, en línea con los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.
La estabilidad institucional y la convivencia pacífica dependen en gran medida de marcos normativos claros, actualizados y aplicables, así como de instituciones con competencias suficientes para adaptarse a cambios sociales y nuevos riesgos que afectan la seguridad.
En el periodo reciente, se ha abierto una ventana significativa para revisar y fortalecer normas estructurales del sistema penal, en especial del Código Penal y el Código Procesal Penal. Hemos insistido en que estos instrumentos normativos deben reflejar adecuadamente las transformaciones sociales, incorporar estándares modernos de protección de derechos y equipar a los operadores de justicia con herramientas claras y coherentes. La actualización en 2026 representa un paso decisivo para superar lagunas legales, minimizar ambigüedades y potenciar la eficacia de la persecución penal, sin comprometer las garantías del debido proceso.
Por último, el Estado debe asumir integralmente su deber de fortalecer el sistema jurídico, no solo actualizando leyes, sino asegurando su aplicación correcta, respecto a reglamentos y mecanismos de planificación para un uso eficiente y transparente de recursos públicos. En 2026, el reto no se reduce a reformar normas, sino a consolidar una institucionalidad donde la legalidad, justicia y bienestar ciudadano sean pilares permanentes de la acción pública.
2.1.Reforma de la Policía Nacional
Al finalizar 2025, la reforma de la Policía Nacional continuó siendo una prioridad para la modernización del sistema de seguridad ciudadana. En este contexto, la implementación del Modelo de Servicio y Patrullaje Policial ha mostrado resultados positivos en su fase piloto, lo que augura una mejoría del servicio preventivo nacional.
Desde la perspectiva institucional y legal, esperamos que la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional corrija distorsiones históricas y haga eficiente su estructura organizacional, el régimen salarial y de pensiones, así como el sistema disciplinario. Esta nueva ley promueve la profesionalización, equidad y sostenibilidad de la carrera policial, alineando la formación con el servicio público.
Con la finalización de la redacción del proyecto de ley y su envío al Poder Legislativo, se inicia la tercera fase de la reforma policial, enfocada en la implementación, sostenibilidad, evaluación y consolidación de los cambios estructurales y operativos introducidos en 2025.
La modernización de procesos, el refuerzo de la formación policial y una mayor presencia en áreas críticas han contribuido a estos avances. Al mismo tiempo, persiste en algunos sectores una percepción de inseguridad que no siempre coincide con datos oficiales, resultado de factores objetivos y subjetivos. Delitos menores, consumo de sustancias en espacios públicos y deterioro urbano inciden directamente en esta percepción, aunque no se reflejen en estadísticas principales.
Este escenario resalta retos críticos para la sostenibilidad de la reforma, como el fortalecimiento de capacidades en investigación criminal e inteligencia, mediante modernización de unidades especializadas, incorporación de tecnologías y capacitación, con el fin de reducir impunidad y desmantelar redes delictivas.
Sigue siendo preocupante el fenómeno de intercambios de disparos, que, según estadísticas, causó 187 muertes en presuntos enfrentamientos con fuerzas policiales o de seguridad. Esto enfatiza la necesidad de profundizar en políticas de prevención, protocolos del uso de fuerza y mecanismos de control.
Creemos que el éxito de la reforma policial dependerá de la capacidad del Estado para consolidar avances, asegurar la sostenibilidad del marco legal y mejorar la coordinación con otros actores del sistema de justicia. Solo mediante un enfoque integral, preventivo y ciudadano se podrá reducir la violencia de forma sostenida, mejorar la percepción de seguridad y establecer una Policía Nacional profesional, accesible y respetuosa del Estado de Derecho.
2.2.Reforma del Código Penal
La aprobación del nuevo Código Penal en 2025 representa uno de los logros normativos más importantes del periodo reciente, respondiendo a una demanda histórica de la sociedad dominicana por una legislación penal alineada con los cambios sociales, tecnológicos y económicos. En un contexto de nuevas formas de criminalidad y mayores exigencias de transparencia, la promulgación de la Ley núm. 74-25 marca un avance hacia la actualización del marco jurídico que soporta la política criminal estatal.
Desde una visión institucional, el progreso de 2025 se centra en la inclusión de nuevas tipificaciones penales que potencian la capacidad del sistema de justicia para combatir la corrupción administrativa, el crimen organizado, delitos cibernéticos y diversas formas de violencia. Planteamos que la aprobación no concluye la reforma, sino que inicia una fase de análisis, ajuste y consolidación. Debemos superar las tensiones entre los avances normativos y la coherencia con principios constitucionales e internacionales de derechos humanos. Estas tensiones plantean retos a abordar responsablemente en 2026.
Consideramos que el vacatio legis ofrece una oportunidad para identificar disposiciones ambiguas, con rasgos de discrecionalidad o riesgos de regresividad en derechos fundamentales, superar tipos penales imprecisos y excluir supuestos que afectan desproporcionadamente a grupos vulnerables.
El reto para 2026 es asegurar que la legislación penal sea coherente con la dignidad humana, igualdad ante la ley y no regresividad en derechos. El Código Penal debe ser no solo punitivo, sino un instrumento que balancee la persecución del delito con la protección de libertades y el debido proceso.
2.3.Reforma del Código Procesal Penal
La sentencia TC/0765/24 del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad formal de la Ley núm. 10-15, reformatoria del Código Procesal Penal fue un gran reto para el sistema de justicia penal dominicano. Generó un debate profundo sobre la calidad legislativa, solidez institucional y necesidad de reforzar la legitimidad democrática de reformas que impactan derechos fundamentales y seguridad jurídica.
Tras la aprobación del CPP se requiere someterlo a una revisión integral del modelo procesal penal, evaluando aspectos como la declaratoria de casos complejos, plazos procesales, uso y control de medidas de coerción, alcance del criterio de oportunidad y equilibrio entre eficacia persecutoria y garantías del debido proceso. El debate resaltó la importancia del respeto estricto a procedimientos legislativos, especialmente el principio de bicameralidad y deliberación conjunta, como elementos esenciales de la democracia constitucional.
En conclusión, 2025 trajo avances en control constitucional, reflexión institucional y reconocimiento de debilidades legislativas. Será en 2026 cuando se defina la capacidad del Estado para convertir esta situación en una reforma procesal penal coherente y funcional.
2.4.Aprobación de la reforma de Ley de Compras y Contrataciones
Valoramos positivamente la aprobación de la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, cuyo reto mayor fue lograr un consenso amplio entre actores políticos, institucionales y de la sociedad civil. Esta ley refleja la necesidad de superar las tensiones históricas en el régimen de contrataciones, con sus prácticas discrecionales y falta de trazabilidad, y para promover transparencia e integridad sin generar resistencias sectoriales.
Su entrada en vigor en 2026 implica mejorar la adaptación tecnológica y operativa, como la interoperabilidad de sistemas con entidades como la Dirección General de Impuestos Internos y la Tesorería de Seguridad Social para simplificar procesos y claridad en la centralización de responsabilidades en cada institución, la expansión del ámbito a órganos legislativos, judiciales y empresas con capital público mayoritario.
El reto será enfrentar los riesgos de sobrecarga administrativa, inconsistencias en la aplicación y necesidad de verificar criterios sostenibles de manera medible para evitar abusos, mediante una transición gradual para garantizar eficiencia, sin comprometer la confianza del sector privado y la sociedad.
2.5.Sobre la Cámara de Cuentas
FINJUS tiene grandes expectativas sobre el desempeño de la Cámara de Cuentas en 2026, cuyos retos más significativos son el rezago en las auditorías de la gestión anterior, la baja ejecución presupuestaria y el aumento de su productividad, para lo cual se precisa contratar más auditores, mejorar el sistema de alertas tempranas e incrementar el número de auditorías completadas.
La Cámara de cuentas deberá actualizar su estructura orgánica conforme a la Ley 18-24 y superar las deficiencias que las gestiones anteriores originaron para entregar al Ministerio Público y a la sociedad los resultados de las auditorías en instituciones públicas clave, para cumplir con los criterios de tiempo oportuno y calidad exigidos en el sistema de justicia.
En Resumen
El fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho requiere la continuidad de reformas estructurales para materializar mandatos constitucionales pendientes. Durante 2025, la agenda pública y legislativa mantuvo la necesidad de impulsar cambios normativos e institucionales clave para consolidar la institucionalidad democrática, promover el desarrollo económico-social y garantizar la convivencia pacífica basada en reglas claras.
Este proceso se basa en un sistema de justicia funcional, eficiente y coordinado, con órganos actuando conforme a competencias constitucionales y estándares de gestión. En el periodo evaluado, se registraron esfuerzos para mejorar la transparencia y la seguridad jurídica. De cara al 2026, queda pendiente una agenda legislativa significativa, especialmente en la actualización del Código Civil y de Procedimiento Civil, revisión de normativas sobre libertad de expresión, adopción de legislación integral para protección de testigos y víctimas, y mecanismos de participación ciudadana y control social. Aunque 2025 mantuvo el debate abierto, no consolidó consensos para resultados concretos.
Para 2026, el reto es superar la fragmentación institucional y avanzar hacia la coordinación interinstitucional eficaz, con diálogo estructurado entre el Estado y la sociedad. En ese sentido, la gobernanza democrática en 2026 debe profundizar participación ciudadana, fortalecer controles administrativos y promover cultura de legalidad para reforzar la confianza pública. Mantener el impulso reformador como eje central será determinante para instituciones transparentes, eficientes y alineadas con los derechos fundamentales y el interés general.
Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus)
Enero, 2026
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