El poder ya no se ejerce sólo desde el micrófono ni desde el despacho. Hoy se ejerce desde la capacidad de reconstruir la realidad a partir de datos dispersos. Quien controla esa capacidad no necesita censurar; le basta con anticiparse, clasificar y administrar consecuencias.
Ahí es donde entra Palantir. No como mito tecnológico ni como villano de ciencia ficción, sino como lo que realmente es: infraestructura de poder. Una tecnología capaz de integrar contratos, pagos, relaciones societarias, flujos financieros, decisiones administrativas y comportamientos institucionales en una sola vista operativa. Una plataforma que puede servir tanto para combatir la corrupción sistémica como para sofocar la disidencia sin dejar huellas visibles.
Ese es el dilema. Y República Dominicana no puede seguir evitándolo.
Palantir como otras plataformas avanzadas de integración y analítica no decide nada por sí sola. Decide quien la opera. Y ahí reside su ambigüedad peligrosa.
Con el mismo músculo tecnológico se puede:
- Desarticular redes de corrupción que hoy sobreviven gracias a la fragmentación de datos.
- Mapear generadores de opinión, etiquetarlos como “riesgo” y volver costoso su ejercicio profesional sin prohibirles hablar.
La diferencia no está en el software. Está en el diseño institucional, en los límites legales y en la voluntad política.
En sociedades con controles débiles, la tentación de usar la tecnología primero para vigilar al incómodo y después quizás para perseguir al corrupto es enorme. Y casi siempre se cae en ese orden.
El silencio moderno no se decreta; se gestiona. Funciona en tres fases:
- Mapeo: quién habla, con quién se relaciona, qué financia, quién amplifica su mensaje, cuál es su red.
- Clasificación: no hace falta probar delitos; basta con etiquetas administrativas: “perfil conflictivo”, “riesgo reputacional”, “foco de tensión”.
- Consecuencias indirectas: auditorías selectivas, exclusión de contratos, campañas de descrédito, presiones a anunciantes, investigaciones que no necesariamente terminan en condena, pero sí en desgaste.
Nada de esto necesita una ley mordaza que actualmente se buzca en RD. En la actualidad se necesitan datos integrados y un Estado dispuesto a usarlos sin contrapesos.
Por eso el debate sobre Palantir no puede ser ingenuo: la misma herramienta que ve la corrupción, ve también a quien la denuncia.
Ahora bien, renunciar a estas herramientas por miedo sería un error estratégico monumental. Porque la corrupción que enfrenta República Dominicana ya opera con lógica de datos.
Los esquemas actuales no son burdos. Son redes.
- Empresas de papel con beneficiarios ocultos.
- Proveedores recurrentes que ganan siempre en las mismas instituciones.
- Contratos “urgentes” planificados con semanas de antelación.
- Adendas que duplican montos sin justificación técnica.
- Fragmentación de compras para evadir licitaciones.
Todo eso no se detecta a mano, ni con auditorías tardías, ni con expedientes en papel. Se detecta con integración de datos y análisis de patrones.
Ahí es donde una plataforma tipo Palantir podría marcar la diferencia histórica y desmontar el esquema de corrupción que aplican empresarios y supuestos politicos cuando llegan al estado.
El caso de SENASA ilustra con crudeza los límites del enfoque tradicional y el potencial de uno basado en datos.
En un sistema de aseguramiento público como SENASA confluyen:
- Contratos con suplidores médicos y farmacéuticos.
- Pagos a clínicas, laboratorios y prestadores.
- Autorizaciones de servicios.
- Flujos presupuestarios estatales.
- Decisiones administrativas concentradas.
Un esquema de corrupción en ese entorno no vive en un solo archivo. Vive en la relación entre muchos.
¿Qué podría revelar una plataforma de integración?
- Concentración anómala de pagos
Prestadores que reciben volúmenes desproporcionados frente a otros similares, sin explicación epidemiológica ni poblacional. - Proveedores con vínculos ocultos
Clínicas, laboratorios o suplidores jurídicamente distintos, pero con beneficiarios finales comunes, socios cruzados o estructuras espejo. - Patrones de autorización atípicos
Servicios aprobados con frecuencias o costos que se desvían estadísticamente de la media, siempre en favor de los mismos actores. - Rutas del dinero
Coincidencias entre pagos públicos y movimientos financieros posteriores hacia empresas relacionadas, intermediarios o consultores. - Decisiones administrativas repetidas
Cambios normativos, excepciones o “criterios técnicos” que benefician de forma sistemática a los mismos grupos.
Nada de esto prueba culpabilidad por sí solo. Pero construye mapas de riesgo. Y estos mapas permiten que fiscales, auditores y periodistas investiguen con precisión quirúrgica, no a ciegas.
El gran miedo de los corruptos no es la denuncia. Es la trazabilidad.
El problema aparece cuando una herramienta diseñada para seguir transacciones empieza a usarse para seguir personas. Cuando el interés deja de ser “¿dónde se perdió el dinero?” y pasa a ser “¿quién está incomodando al sistema?”.
En un país pequeño como República Dominicana, donde las redes políticas, empresariales y mediáticas se superponen, una plataforma que mapee relaciones puede convertirse fácilmente en un instrumento de control del ecosistema informativo.
No hace falta censurar a un periodista si puedes:
- conocer sus fuentes,
- anticipar sus investigaciones,
- presionar a su entorno económico,
- desgastarlo administrativa o judicialmente.
Ese es el verdadero peligro del poder de datos sin límites.
Por eso, cualquier discusión seria sobre Palantir o cualquier plataforma equivalente exige una línea roja clara:
La tecnología debe vigilar flujos de dinero y decisiones administrativas, no opiniones, discursos, ni redes de pensamiento.
Para que eso sea creíble, no basta con buenas intenciones. Se necesita diseño institucional:
- Finalidad explícita por ley: anticorrupción y antifraude.
- Prohibición expresa de uso para monitoreo de actividad periodística, política o social.
- Gobernanza multiinstitucional con controles externos.
- Auditorías técnicas independientes.
- Trazabilidad completa de cada consulta al sistema.
- Publicación periódica de resultados agregados.
Sin eso, la herramienta deja de ser un bisturí contra la corrupción y se convierte en un arma de intimidación sofisticada.
La decisión que no se quiere tomar
República Dominicana ya tiene los datos. Ya tiene marcos legales. Ya tiene casos emblemáticos que demuestran que el modelo actual llega tarde y mal. Lo único que falta es decidir para qué se quiere el poder tecnológico.
Porque ese poder llegará. Con Palantir o con otra plataforma. La pregunta no es si, sino cómo.
¿Para desnudar los esquemas que vacían hospitales, carreteras y escuelas?
¿O para perfeccionar un sistema donde hablar tiene costos invisibles pero reales?
La tecnología no es neutral. Amplifica la intención de quien la controla.
Y la pregunta final, la que incomoda de verdad, es esta:
¿Queremos un Estado que use los datos para perseguir el dinero corrupto… o uno que los use para perseguir a quien se atreve a señalarlo?
En esa respuesta se juega algo más que un debate tecnológico.
Se juega la calidad real de nuestra democracia.
Ahora estamos realmente interesados en fortalecer la democracia y combatir la corrupción..
