El Congreso Nacional. (Foto: Prensa Senado de la Republica Dominicana)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con avances que muchos calificaron como históricos, el Congreso Nacional llega a la recta final de la actual legislatura con importantes conquistas entre las que se destacan aquellas normativas que van a «robustecer» el sistema de justicia de la República Dominicana.
Durante este período congresual, los parlamentarios se concentraron en saldar una deuda pendiente que tenían con la sociedad desde hace más de 20 años, con la aprobación de los códigos Penal y Procesal Penal.
Estas nuevas normativas jurídicas fueron actualizadas después de décadas de estudios, discusiones y estancamientos en el Congreso.
En virtud de esto, legisladores coincidieron en que el año legislativo 2025 figura entre los más productivos en la historia del primer Poder del Estado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que durante este año legislativo «el Congreso ha tenido grandes logros, basta con resaltar el Código Penal, el Código Procesal Penal y leyes que el país tenía años y años esperando».
Estos avances también fueron destacados por el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz y por el legislador del opositor partido Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo.
«Sin temor a equivocarme, esta debe ser la legislatura más productiva en la historia republicana del país, nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal», subrayó Amado Díaz.
Tobías Crespo, además de resaltar la aprobación de los códigos que vienen a fortalecer el sistema judicial del país mencionó otras normativas a las que se le dio salida definitiva del Congreso, entre ellas la nueva Ley de Residuos Sólidos.
Durante este período también fue aprobada y promulgada la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, en sustitución de la normativa 340-06 que estuvo vigente por casi 20 años.
A esta se suman la actualización de la Ley de Alquileres y la reforma a la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia institucional.
Asimismo, el Congreso aprobó reformas a las leyes orgánicas de las altas cortes. Sin embargo, solo fue promulgada luego de ser observada y devuelta por el Poder Ejecutivo la correspondiente al Tribunal Superior Electoral (TSE), mientras permanece pendiente la del Tribunal Constitucional (TC).
También fue adecuada la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y su reglamento, conforme a la reforma constitucional del año 2024.
Pese a estos notables logros sustanciales en el Congreso sigue habiendo una agenda cargadas de proyectos que están en debates y que aún no logran el consenso necesario para su aprobación.
Los propios parlamentarios reconocen que aún tienen grandes retos por delante con normativas que son claves para el buen desarrollo del país, señalando aquellas relaciones con la salud.
El senador y exministro de Salud Pública, Daniel Rivera, destacó la importancia de contar con leyes adaptadas a los nuevos tiempos señalando la de Seguridad Social y Salud Mental que se encuentran en discusión en la sede legislativa.
Rivera puntualizó que la actualización de la Ley 87-01 no solo abarca el tema de salud, sino también otros aspectos que también son de gran importancia para los ciudadanos.
El exfuncionario de Salud abogó para que Altos Costos este dentro de la Ley de Seguridad Social y por la actualización de la ley de Salud 42-01.
Entre las iniciativas que también continúan pendientes en la agenda congresual está la reforma laboral, la transformación de la Policía Nacional y el proyecto de ley sobre salud mental, ley de Agua, además, de la aprobación en segunda lectura del proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), iniciativa ya sancionada por el Senado y que solo requiere una votación adicional en la Cámara Baja antes de retornar a la Cámara Alta para su conversión definitiva en ley.
Este último proyecto generó controversia, luego de que una versión anterior fuera declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, al considerar que vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión.
ADDP/
Relacionado
