Santo Domingo.– La presencia masiva de ciudadanos frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
durante la audiencia de medida de coerción por el caso SeNaSa este domingo revivió una imagen ya conocida en la memoria colectiva dominicana, la de el pueblo lanzándose a las calles para exigir sanciones frente a escándalos de corrupción que han marcado al país en las últimas décadas.
El episodio recuerda de inmediato dos hitos recientes, la Marcha Verde de 2016 y las protestas de la Plaza de la Bandera en 2020, manifestaciones distintas en origen, pero conectadas por un mismo hilo, una sociedad cada vez más exigente ante la impunidad y menos dispuesta a permanecer en silencio.
Aunque el foco actual está en SeNaSa, las protestas contra la corrupción no son nuevas. En los últimos 25 años se han registrado caminatas, piquetes, vigilias, cadenas humanas y protestas simbólicas, casi siempre impulsadas por jóvenes, con demandas claras de justicia y consecuencias para funcionarios y políticos señalados.
Uno de los primeros antecedentes relevantes ocurrió en 2008, con los piquetes frente a la Suprema Corte de Justicia por el caso Sun Land, un contrato por 130 millones de dólares firmado durante el gobierno de Leonel Fernández. Un grupo de jóvenes reclamó, con pancartas y concentraciones pacíficas, que el alto tribunal conociera los recursos de inconstitucionalidad del acuerdo.
La indignación volvió a crecer en 2015, año marcado por múltiples denuncias de corrupción institucional. Entre ellas, la red de extorsión en la OISOE, destapada tras el suicidio de una de sus víctimas, y las acusaciones sobre tráfico de sentencias que involucraban a jueces y empleados del sistema judicial. En respuesta, colectivos ciudadanos realizaron cadenas humanas frente a la OISOE y la Procuraduría General.
Ese mismo año, las protestas se intensificaron por el caso del senador Félix Bautista, acusado de lavado de activos y manejo irregular de más de 26 mil millones de pesos, pero favorecido por decisiones judiciales que evitaron su sometimiento. Las manifestaciones incluyeron concentraciones frente a la SCJ y actos simbólicos como ataúdes con consignas contra la impunidad.
El punto de inflexión llegó en 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el esquema de sobornos de Odebrecht, que en República Dominicana alcanzó los 92 millones de dólares entre 2001 y 2014. Ese contexto dio origen a la Marcha por el Fin de la Impunidad, luego conocida como Marcha Verde.
La Marcha Verde logró algo inédito, unir organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, jóvenes, profesionales y hasta empresarios bajo una consigna concreta, el fin de la impunidad. Hubo movilizaciones nacionales, protestas en el exterior, la recolección de unas 350 mil firmas y eventos masivos que colocaron la lucha anticorrupción en el centro del debate público.
Ese germen social reapareció en 2020, tras la suspensión de las elecciones municipales, cuando miles de jóvenes ocuparon la Plaza de la Bandera. Aunque el detonante fue electoral, la protesta confirmó que existía una ciudadanía dispuesta a movilizarse ante cualquier señal de quiebre institucional.
Un elemento común en estos procesos ha sido el uso de las redes sociales como principal herramienta de convocatoria y denuncia. Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp permitieron sortear campañas de descrédito y amplificar mensajes, como ocurrió con los Tuiteros Verdes, críticos constantes de la inacción judicial durante el caso Odebrecht.
Entre los movimientos que han participado en estas luchas figuran Foro Ciudadano, Foro Social Alternativo, Toy Jarto, Poder Ciudadano y el Comité Cívico Contra la Corrupción y la Impunidad, entre otros, aunque hoy esa articulación luce fragmentada.
A diferencia de años anteriores, el actual escenario muestra menos unidad. Parte de los líderes de aquellas protestas pasaron a ocupar cargos públicos, mientras que la oposición política arrastra su propio historial de casos no sancionados, lo que ha generado desconfianza y desencanto en amplios sectores.
En ese contexto, el caso SENASA emerge como un nuevo punto de quiebre. La asistencia masiva a la audiencia del domingo evidencia que, pese al desgaste y las divisiones, persiste una ciudadanía dispuesta a salir a las calles cuando percibe que la corrupción vuelve a tocar fondos sensibles del Estado.
