FINJUS. Foto: Fuente externa
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) emitió un comunicado sobre la fusión de los Ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, asegurando que cualquier sector debe concebirse como una reconfiguración integral.
Señaló que, modificar el régimen institucional que regula la educación dominicana es un ejercicio particularmente delicado, en tanto implica la regulación y garantía de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la educación.
“Una reforma de este alcance requiere la existencia de un amplio consenso nacional, sustentado en evidencia empírica, análisis técnicos rigurosos y en la evaluación de modelos comparados”, destacó.
Comunicado íntegro
La transformación del sistema educativo nacional exige condiciones de madurez institucional, estabilidad política y confianza social, así como un clima propicio para el diálogo informado.
En las circunstancias actuales, una fusión ministerial de esta naturaleza podría generar incertidumbre, inestabilidad jurídica y afectar la continuidad de políticas públicas fundamentales para el desarrollo educativo y científico del país.
Una reforma de este alcance requiere la existencia de un amplio consenso nacional, sustentado en evidencia empírica, análisis técnicos rigurosos y en la evaluación de modelos comparados.
Hasta el momento, no se ha promovido un proceso participativo que integre de manera efectiva a la comunidad educativa, académica, científica, a las instituciones de educación superior y a la sociedad civil organizada. La ausencia de este consenso convierte la propuesta en prematura y carente de un análisis más profundo.
Modificar el régimen institucional que regula la educación dominicana es un ejercicio particularmente delicado, en tanto implica la regulación y garantía de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la educación. El artículo 4 de la Ley 66-97, Ley General de Educación, establece que la educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano, orientado al desarrollo integral de la persona y al interés nacional, sin discriminación alguna.
Cualquier modificación a la estructura que sostiene este derecho debe realizarse con la máxima prudencia, responsabilidad y rigor técnico, a fin de evitar retrocesos en términos de equidad, calidad y pertinencia del sistema educativo.
En el ámbito del financiamiento y la gobernanza, la fusión propuesta plantea riesgos significativos. La concentración de funciones con naturalezas, objetivos y dinámicas distintas debilitaría la gobernanza del sistema educativo y podría comprometer la claridad en la asignación de responsabilidades institucionales.
De manera particular, generaría un debate sobre el 4% del Producto Interno Bruto destinado a la educación preuniversitaria, afectando la sostenibilidad financiera de ese nivel educativo y generando incertidumbre sobre la asignación de recursos a la educación superior, la ciencia y la tecnología, que requieren esquemas de financiamiento diferenciados y especializados.
El marco jurídico vigente reconoce y respalda la especialización institucional del sistema educativo nacional. La Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene como propósito fundamental la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el establecimiento de la normativa para su funcionamiento y la definición de los mecanismos que aseguren la calidad y pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman, así como el desarrollo científico y tecnológico nacional.
La coexistencia de esta ley con la Ley 66-97 no responde a una fragmentación del sistema, sino a una lógica de diferenciación funcional y especialización, necesaria para atender de manera adecuada los distintos niveles y componentes del quehacer educativo y científico.
La fusión del Mescyt con el Minerd abre el debate sobre la necesidad de que dicha iniciativa sea conocida y aprobada mediante una ley orgánica, en razón de que implicaría una reorganización profunda de la estructura del Estado y la modificación de competencias esenciales atribuidas por ley a ambos ministerios. Esta reforma versaría directamente sobre el derecho fundamental a la educación y su tratamiento integral, conforme a lo establecido en la Ley núm. 66-97, General de Educación.
La unificación institucional tendría un impacto directo en ámbitos como la educación preuniversitaria y superior, la investigación científica y la formación profesional, así como en la formulación de políticas públicas estratégicas. En consecuencia, exigiría un procedimiento legislativo más riguroso y la aprobación por mayoría calificada, a fin de garantizar legitimidad, estabilidad institucional y coherencia con el ordenamiento jurídico nacional.
En ese sentido, esta Fundación observa que cualquier reforma del sector debe concebirse como una reconfiguración integral del Sistema Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, orientada al desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la transformación tecnológica. Desde esta perspectiva, se propone avanzar, de manera gradual, planificada y participativa, hacia una Ley General de Educación y Ciencia, que articule de forma coherente todos los niveles educativos con la producción científica, la innovación tecnológica y las demandas estratégicas del desarrollo nacional, sin menoscabar la autonomía, la gobernanza ni el financiamiento específico de cada subsistema.
Por todo lo anterior, se exhorta a las autoridades nacionales a priorizar el fortalecimiento institucional, el diálogo amplio y basado en evidencia, y el respeto al marco legal vigente, como condiciones indispensables para cualquier reforma estructural que impacte el derecho fundamental a la educación y el desarrollo científico y tecnológico de la nación.
JSB/
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