El Congreso Nacional. (Foto: Prensa Senado de la Republica Dominicana)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– A raíz del escándalo de presunta corrupción que envuelve al Seguro Nacional de Salud (SeNasa), legisladores de distintos partidos consideran que la reforma a la Ley de Seguridad Social que se se debate en el Congreso Nacional debe cerrar los vacíos legales que permitieron fraudes administrativos y proteger los recursos destinados a la atención médica de millones de dominicanos.
Los parlamentarios subrayaron que se hace obligatorio fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y transparencia, así como endurecer las sanciones contra funcionarios y particulares que incurran en prácticas fraudulentas dentro del sistema, considerado uno de los pilares del acceso a la salud pública en el país.
Asimismo, señalaron que el supuesto desfalco millonario en SeNasa dejó al descubierto debilidades estructurales en la supervisión de las instituciones que administran fondos de la seguridad social, por lo que entienden urgente una actualización del marco legal que garantice una gestión más eficiente y libre de corrupción.
La senadora de Azua Lía Díaz, que también es médico al lamentar lo ocurrido en la institución destacó que con la reforma a la Ley 87-01 se debe reinvidicar a la clase más vulnerable.
«Es un código que vamos a reinvidicar la atención primaria en todo el país entero con la Ley 87-01 viendo los errores que se han cometido y los errores que pueden cometerse; entonces devolverle al pueblo la fe y la seguridad que van a tener una salud de calidad es una responsabilidad nuestra», sostuvo la legisladora.
De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, también manifestó que no solo en las instituciones relacionadas con la salud se deben establecer controles más estrictos para evitar prácticas fraudulentas, sino en todas las dependencias gubernamentales.
«Hay que acabar con esa cultura que se entiende que yo voy a incursionar en política y voy a ocupar una función y desde ahí voy a resolver mis problemas y los de mis familia, que en este caso quienes lo están haciendo es todo lo contrario; en vez de resolverle un problema a su familia la están dañando y quizás no tiene la responsabilidad», subrayó.
Asimismo, abogó para que las autoridades castiguen con todo el peso de la Ley a los culpables de este presunto desfalco en una de las áreas más sensibles, que es la salud.
Los senadores y también médicos Daniel Rivera y Moisés Ayala, destacaron la necesidad de contar con una normativa regulatoria más robusta con la que a futuro se puedan evitar delitos de esa naturaleza.
«Tenemos que modificar y ampliar muchos conceptos nuevos que habría que tener como son la supervisión más directa, la verificación y organismos de seguimiento», resaltó Rivera exministro de Salud.
«Es necesario revisar tantas cosas de esta ley (87-01) que ya son obsoletas, creo que es oportuno hacerlo en estos momentos», expresó Ayala.
Para el diputado Luis Gómez, es necesario que tanto la Ley de salud como los organismos de controles jueguen un rol más eficiente en la administración y de esa manera evitar que grupos desmantelen las arcas del Estado.
Mientras, el diputado y vocero del partido Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Castillo, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno que no actuó de manera oportuna en este caso, pese a denuncias públicas que alertaron sobre la «mafia» que operaba en SeNasa.
La propuesta que se debate en la sede legislativa contempla mayor participación de los órganos fiscalizadores, auditorías periódicas obligatorias y controles más estrictos en los procesos de contratación, afiliación y manejo financiero.
Los legisladores subrayaron que la reforma no responde a un caso aislado, sino a la necesidad de preservar la confianza ciudadana en el sistema de seguridad social, asegurando que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan y no sean desviados por intereses particulares.
Se espera que el proyecto sea debatido en el menor tiempo posible no, en medio de un clima de presión social que exige transparencia, justicia y consecuencias reales frente a los delitos que afectan directamente la salud de la población.
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