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Reenvían para el 11 de diciembre audiencia de coerción contra encartados del caso Senasa

Santo Domingo– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el jueves 11 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra los imputados en la Operación Cobra, acogiendo así el pedimento presentado por las barras de la defensa.

La audiencia será presidida por el magistrado Rigoberto Sena, quien deberá decidir sobre la solicitud del Ministerio Público, que procura la imposición de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso. Según la acusación, los encartados habrían sido parte de un entramado que desfal­có al Estado con miles de millones de pesos a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y cuya persecución también busca el decomiso de los fondos presuntamente sustraídos de esta administradora de riesgos de salud (ARS).

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público cuenta con elementos suficientes para sustentar las imputaciones y avanzar con el proceso judicial.

En la audiencia, el órgano acusador estuvo representado además por los procuradores fiscales Héctor García, Rosa García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán.

La Operación Cobra, ejecutada el pasado sábado, dejó como resultado la detención del exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina MyCare; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Heidi Mariela Pineda; Ramón Alan Speakler Mateo; y Ada Ledesma Ubiera.

El pasado lunes 8 de diciembre, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a la PEPCA, depositó formalmente la solicitud de medidas de coerción. Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

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