EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pleno de la Cámara de Diputados acogió este miércoles en única lectura las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
El presidente de la República, Luis Abinader, objetó al menos 19 artículo de la normativa entre los que están el que obliga a las empresas cementeras a utilizar derivados de residuos sólidos nacionales como combustible alternativo.
Las observaciones del primer mandatario fueron remitidas al Congreso Nacional a través de una carta que llegó al Senado, a la legislativa que aceptó los cambios propuestos.
La misiva que contaba con un volumen de 28 páginas sugería la revisión de unos 19 artículos de la normativa, agregar nuevos textos y hacer modificaciones puntuales a la redacción original.
El párrafo I del artículo 20 establece que las empresas productoras de “clinker” deben incorporar de manera progresiva combustibles alternativos, con el objetivo de sustituir total o parcialmente los combustibles fósiles utilizados en sus hornos, a través de procesos de coprocesamiento debidamente regulados.
En tanto, el párrafo II dispone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá emitir la normativa correspondiente en un plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley. De ser acogidas las observaciones por la Cámara de Diputados, dicho artículo sería eliminado en su totalidad.
El Gobierno central planteó además la eliminación de los párrafos I y II del artículo 21 de la ley, los cuales obligan a las empresas mezcladoras de asfalto a incorporar un porcentaje de plástico reciclado en su producción, porcentaje que sería fijado mediante una normativa del Ministerio de Medio Ambiente.
Otros puntos observados fue el artículo 3 de la ley aprobada, que incorpora los numerales 21-bis y 47-bis al artículo 4 de la Ley 225-20, así como un párrafo VII al artículo 116. Este apartado ha sido uno de los más cuestionados por diversos sectores, que solicitan su revisión al entender que la disposición de establecer una planta de tratamiento de residuos sólidos por cada región podría dar paso a un esquema de monopolio.
La normativa ahora vuelve al Poder Ejecutivo para ser promulgada y entrar en vigencia.
ADDP/
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