(Adriano Espaillat. Fuente externa)
EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.– Los congresistas Adriano Espaillat, Dan Goldman, Nydia Velázquez y Robert García presentaron este miércoles la Ley de Protección del Debido Proceso en Inmigración, una iniciativa diseñada para impedir que inmigrantes que acuden a audiencias en tribunales de inmigración sean arrestados por agentes federales, salvo cuando exista una orden judicial.
El proyecto surge tras denuncias de que la Administración Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ejecutar detenciones en las cortes para cumplir cuotas de deportación. De acuerdo con legisladores y organizaciones, agentes federales han sido vistos apostados en pasillos y entradas de los tribunales, utilizando mascarillas y sin identificación visible, deteniendo a personas inmediatamente después de sus audiencias, incluso cuando sus casos permanecen activos o cuando el propio DHS había solicitado la desestimación de sus expedientes.
La legislación plantea que los inmigrantes que siguen vías legales y asisten a sus citaciones obligatorias deben poder hacerlo sin temor a emboscadas. Por ello, establece que no podrán realizarse arrestos dentro de las instalaciones del EOIR ni en los alrededores cuando una persona esté llegando o saliendo para participar en una audiencia, a menos que exista una orden judicial. También extiende las protecciones a quienes mantienen casos pendientes, ya sea en primera instancia o en procesos de apelación. Solo se permitirían intervenciones en situaciones excepcionales, como amenazas verificables de violencia o riesgos para la seguridad pública o nacional.
Para reforzar la supervisión, la medida exige que cualquier arresto autorizado bajo circunstancias especiales cuente con aprobación escrita de un supervisor de alto nivel y sea reportado al Inspector General del DHS, quien deberá presentar un informe anual al Congreso sobre la implementación de la ley.
Durante el anuncio, los congresistas criticaron lo que describen como una política de “cebo y captura” que ha convertido las audiencias migratorias en escenarios de persecución. Adriano Espaillat sostuvo que sin debido proceso “todos los demás derechos se derrumban”, y recalcó que un tribunal debe ser un espacio seguro, no una emboscada. Goldman afirmó que las prácticas de la Administración Trump han afectado de forma desproporcionada a inmigrantes no violentos, incluidos solicitantes de asilo y jóvenes estudiantes. Velázquez advirtió que el miedo a ser arrestados impide que las personas puedan presentar sus casos con justicia; mientras que García calificó de “inaceptable” que se detenga a individuos que cumplen con citas oficiales.
El proyecto recibió respaldo inmediato de organizaciones como la ACLU, The Door, Vera Institute of Justice, New Sanctuary Coalition y KIND. Estas entidades coincidieron en que las detenciones dentro o alrededor de los tribunales socavan la confianza en el sistema legal y convierten audiencias rutinarias en trampas que vulneran el debido proceso y separan familias sin necesidad.
Como parte de la presentación, los congresistas visitaron este miércoles el edificio federal del 26 Federal Plaza, donde expusieron ante la prensa lo que consideran fallas persistentes al debido proceso en las cortes de inmigración y escucharon testimonios de personas afectadas por arrestos ocurridos tras sus comparecencias.
La medida ahora inicia su camino legislativo con el objetivo de restablecer garantías básicas en el sistema migratorio y asegurar que asistir a una audiencia judicial no represente un riesgo de detención inmediata.
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