Exsenador de La Romana, Iván Silva. (Foto: fuente externa)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, El exsenador de La Romana, Iván Silva, denunció este jueves la existencia de un “grave desastre ambiental y social” en Cotuí, donde, según afirmó, más de 2,500 familias han sido desalojadas de sus tierras agrícolas para favorecer las operaciones de la minera Pueblo Viejo Dominicana.
Silva calificó la situación como un acto de “capitalismo depredador” que coloca la explotación minera por encima de la vida humana y de los recursos naturales del país.
Silva indicó que la expulsión de las más de 2,500 familias implica la pérdida irreversible de tierras agrícolas y de la riqueza hídrica de la región, afirmando que la expansión de las presas de cola ha destruido terrenos productivos y contaminado tres ríos principales y unos catorce arroyuelos, donde se habría detectado una “nube roja” de desechos que llegaría hasta las fuentes de agua utilizadas por la población.
Según dijo, esta situación expone a los habitantes al consumo de agua contaminada y a la inhalación de gases tóxicos.
El excongresista sostuvo que el desalojo coincide con un presunto desborde de la piscina de cianuro o de una presa de cola, afirmando que la zona fue acordonada por la Policía y el Ejército con el objetivo de impedir la toma de fotografías y “ocultar el desastre”. Señaló que la presencia de la “nube roja” es un indicativo del riesgo masivo que amenaza a la población.
Riesgo ambiental por cianuro y GL
El exlegislador advirtió sobre el peligro extremo que representa la cercanía entre una “gigantesca piscina de cianuro” y dos tanques de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con capacidad aproximada de 160,000 galones, señalando que la corrosividad de los químicos utilizados por la minera acelera el deterioro de las estructuras metálicas, lo que incrementa el riesgo de una explosión que podría generar una nube tóxica capaz de eliminar toda forma de vida en las zonas circundantes.
Supuesta violación a la Ley 64-00
Silva criticó que la Ley 64-00 de Medio Ambiente estaría siendo ignorada en beneficio de la minera, y acusó al Gobierno, al CONEP y al Ministerio de Medio Ambiente de mantener una “alianza” que prioriza intereses empresariales sobre el bienestar ciudadano.
Recordó que hace tres años sometió ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una acción legal para suspender las operaciones o reubicar el depósito de cianuro y los tanques de GLP, señalando que el TSA desestimó la advertencia pese a las pruebas satelitales que evidenciaban el peligro.
El exsenador también cuestionó la falta de transparencia en la explotación de minerales no renovables como oro, plata y níquel. Indicó que, con la onza de oro rondando los US$4,500 y una producción anual estimada de 800,000 onzas, no existen certificaciones claras de Aduanas, Hacienda o el Ministerio de Energía y Minas que confirmen los pagos de impuestos correspondientes.
Silva mostró imágenes que, según afirmó, evidencian intensa actividad minera durante la madrugada, generando gases tóxicos y provocando “lluvias sulfurosas” capaces de quemar cultivos y matar animales. También denunció grietas subterráneas y contaminación de ríos internos que, aseguró, ponen en peligro los ecosistemas y la salud humana.
Llamado a la ciudadanía
Silva cuestionó la “indiferencia” de autoridades locales y partidos políticos, incluidos sectores del oficialismo y de la oposición, por no apoyar las marchas de la comunidad de Cotuí.
Aseguró que solo la presión ciudadana ha logrado respuestas en el pasado, recordando que lideró un cierre temporal de la mina por más de 24 horas.
Finalmente, hizo un llamado a la población a defender el medio ambiente, sus recursos y sus derechos, afirmando que “solo la movilización del pueblo puede detener esta destrucción”.
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