EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El abogado Oliver Batía, representante legal del señor Leocadio Valentín Lebrón Jiménez denunció este jueves que varios abogados de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) mantienen una serie de acciones que calificó como abusivas, desleales y contrarias a la ética profesional para impedir el cumplimiento de una sentencia definitiva a favor de su cliente.
De acuerdo con Batía, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia confirmó de manera “firme, definitiva e irrevocable” los derechos adquiridos por Lebrón Jiménez mediante la Sentencia Núm. SCJ-TS-25-0329 del 28 de marzo de 2025, los abogados Elvin Villanueva, José Calasanz Moreno, Jean Carlos Amparo Guerrero y Santa C. de los Santos Guzmán en representación de la DGJP, han seguido interponiendo recursos infundados con el objetivo de retrasar la ejecución del fallo.
Sentencias ratificadas y recursos improcedentes
El jurista explicó que la disputa inició con la decisión de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que el 31 de octubre de 2023 ordenó reajustar la pensión del señor Lebrón Jiménez conforme a la Ley 379-81, además de pagar los retroactivos e intereses legales por el retraso en el cumplimiento del derecho adquirido.
Esa decisión fue ratificada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 28 de marzo de 2025, la cual rechazó completamente el recurso de casación presentado por la DGJP. Posteriormente, el 2 de junio de 2025 la Secretaría General de la Suprema certificó que no existe ningún recurso pendiente dejando la sentencia en estado de cosa juzgada.
No obstante, los abogados de la institución han continuado promoviendo nuevas acciones judiciales, como recursos de revisión y solicitudes de suspensión de ejecución que según Batía buscan dilatar maliciosamente el cumplimiento de la sentencia.
“Un atropello a la dignidad de un envejeciente”
El abogado calificó estas maniobras como un agravio contra su cliente, un adulto mayor que “solo reclama lo que en justicia le corresponde”. Asimismo, recordó que este tipo de actuaciones se enmarcan en la deslealtad procesal, sancionada por el Artículo 56 de la Ley 2-23 que permite a la Suprema Corte imponer multas de hasta diez salarios mínimos del sector privado —equivalentes a RD$249,900.00— y una indemnización por daños que puede ascender hasta RD$1,249,500.00.
Batía afirmó que el incumplimiento reiterado por parte de la DGJP constituye un desacato institucional, afectando no solo a su cliente sino también la autoridad del Poder Judicial y los derechos fundamentales de los pensionados del Estado.
Deuda supera los RD$10 millones
El monto que debe recibir Lebrón Jiménez asciende a RD$10,458,125.40 al 12 de noviembre de 2025, distribuido de la siguiente manera:
• RD$7,352,271.41 por retroactivo del reajuste de la pensión (desde el 23 de diciembre de 2020).
• RD$2,864,935.09 por intereses legales al 1 % mensual (desde el 1 de septiembre de 2022).
• RD$240,918.89 por variación monetaria conforme al IPC del Banco Central.
Llamado a la Suprema Corte
Batía exhortó a la Suprema Corte de Justicia a aplicar las sanciones correspondientes para frenar lo que considera un uso “inmoral y dilatorio” de los recursos judiciales, en perjuicio de ciudadanos que buscan una tutela efectiva, especialmente los adultos mayores.
El abogado añadió que otros tres clientes del Centro Jurídico Batía Ramos, se encuentran en condiciones similares y están a la espera de decisiones judiciales.
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