Santo Domingo.- El Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a penas de 7 y 4 años de cárcel a 17 personas y ordenó la disolución de dos compañías, acusados de integrar una red criminal dedicada a la estafa, el robo de identidad y el lavado de activos en perjuicio de estadounidenses en edad de retiro.
El Ministerio Público informó este lunes que los bienes de las empresas desmanteladas, como parte de la operación Discovery 2.0, pasan al Estado dominicano, además del decomiso millonario de vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo.
Entre los condenados figura Miguel Ángel Camilo Pérez (Camilo y/o Milo), considerado uno de los cabecillas de la red, quien fue condenado a siete años de prisión.
Los también operadores de la red criminal Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (alias Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (alias Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin), Deuris Antonio Franco De La Cruz fueron condenados a cuatro años de reclusión.
Asimismo, recibieron condenas de cuatro años de prisión suspendida los imputados Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (Gloria), Yenny Carolina Corniel Henríquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (Ray o La Línea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, y Luis Manuel Martínez (White Boy).
Las condenas se impusieron también contra las entidades societarias Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL.
El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes, dijo el Ministerio Público en una nota, recordó que los condenados operaban desde centros de llamadas (call centers) clandestinos disfrazados de centros de servicios, desde los cuales ejecutaban campañas sistemáticas de fraude, utilizando medios tecnológicos, afectando especialmente a personas de la tercera edad en los Estados Unidos. Las víctimas fueron despojadas de los ahorros acumulados por décadas.
La investigación, desarrollada por la Dirección General de Persecución en estrecha colaboración de las autoridades de Estados Unidos y con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet), permitió la recolección de más de 450 elementos de prueba, entre interceptaciones, documentos, medios digitales y testimonios, que sustentaron las acusaciones de asociación de malhechores, estafa agravada, suplantación de identidad y lavado de activos.
De forma paralela, el Ministerio Público tramitó procesos de cooperación judicial internacional, logrando extradiciones y la judicialización de imputados vinculados al esquema desde territorio estadounidense.
En República Dominicana se logró la disolución judicial de dos personas jurídicas utilizadas como fachadas operativas y el decomiso de más de 2 millones de pesos, 84,000 dólares, vehículos de alta gama, armas de fuego, equipos electrónicos, joyas y bienes inmuebles.
Los condenados enfrentaron cargos por violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. En todos los casos, el tribunal acogió el planteamiento del Ministerio Público y validó la legalidad y pertinencia de las pruebas presentadas.
Con esta operación, el Ministerio Público reafirma su compromiso de enfrentar con firmeza la criminalidad organizada y el ciberdelito, destacó la información.EFE
