En julio de 2024, el Congreso aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal. La norma dispuso que el gasto público, excluidos los intereses, solo podría crecer cada año hasta tres puntos porcentuales por encima de la inflación prevista. El objetivo era que la deuda del Gobierno General Nacional no superara el 40 % del PIB al cierre de 2035. Las disposiciones parecían atractivas en el papel.
Desde el principio, sin embargo, varios observadores advirtieron un problema de fondo: como recortar el gasto corriente es políticamente difícil, el ajuste recaería principalmente sobre la inversión pública, lo cual debilitaría las posibilidades de crecimiento de la economía a largo plazo. Para evitar ese efecto, el Gobierno se vería casi forzado a apartarse del límite fijado por la ley.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados del segundo presupuesto complementario de 2026, y su probable aprobación en el Senado, quedará confirmado que ese riesgo era real. El proyecto contempla suspender hasta fin de año el límite al crecimiento del gasto. El Ejecutivo sostiene que el alza internacional de los combustibles obliga a gastar más en subsidios para proteger a los consumidores.
No obstante, si la norma sigue igual, es muy probable que el próximo año volvamos a tener que escoger entre aplazar obras y apartarnos de la regla fiscal.
La fiebre no está en la sábana, dice el adagio. Si queremos una ley que pueda cumplirse, habrá que cambiarla. Una enmienda sensata deberá proteger la inversión pública y fijar un ritmo de crecimiento del gasto corriente que las gestiones de gobierno puedan sostener. Eso probablemente obligará a revisar la trayectoria prevista para reducir la deuda como proporción del PIB, incluido el plazo para llegar al 40 %.
En ausencia de enmiendas creíbles, la Ley de Responsabilidad Fiscal seguirá siendo una ilusión.