
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró este lunes que los tiempos de pago a los proveedores del Estado dejaron de ser un problema en República Dominicana, al reducirse de más de 100 y hasta 150 días a un promedio de 22 días desde la presentación de la factura hasta que el dinero llega a la cuenta bancaria del beneficiario.
Durante su intervención en LA Agenda Semanal, al desarrollar el eje «Compras, Contrataciones y Trazabilidad del Dinero Público», Pimentel afirmó que el sistema de contrataciones ha experimentado avances importantes en transparencia, competencia y participación, reflejados en un incremento superior al 42 % en la cantidad de ofertas presentadas en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras.
Explicó que anteriormente una institución recibía un promedio de 10 ofertas por licitación, mientras que actualmente puede recibir entre 50 y 60 propuestas, lo que atribuyó a una mayor confianza de los proveedores en los mecanismos de contratación del Estado.
El funcionario indicó que en 2020 menos de 200 instituciones realizaban transacciones mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, mientras que actualmente la plataforma es utilizada obligatoriamente por 740 entidades, entre ellas 200 gobiernos locales y más de 100 hospitales.
Sobre estos últimos, recordó que al inicio de la actual administración encontraron una deuda de aproximadamente RD$3,500 millones en compras hospitalarias que no contaban con registros en el sistema de contrataciones. Aseguró que, tras la incorporación de esos centros al mecanismo electrónico, la situación cambió y actualmente la mayoría presenta balances positivos.
Pimentel también informó que el Estado cuenta con alrededor de 136,000 proveedores registrados, lo que representa un incremento de más de 35,000 en los últimos años. Destacó, además, una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), incluidas las mipymes mujeres, así como una distribución más amplia de las compras públicas fuera del Gran Santo Domingo.
Eficompra y trazabilidad del dinero público
Entre los avances tecnológicos, Pimentel destacó Eficompra, definida como la primera tienda virtual del Estado dominicano, creada para gestionar las contrataciones por debajo del umbral establecido, actualmente inferior a RD$268,000.
Explicó que esta herramienta permite realizar adquisiciones directas en línea, con entregas inmediatas, y contribuye a reducir los riesgos de discrecionalidad y fraccionamiento de contratos, al incorporar mecanismos de control y alertas automáticas.
En ese sentido, sostuvo que el sistema de monitoreo preventivo ha generado más de 30,000 alertas durante este año. Aclaró que estas notificaciones no representan necesariamente incumplimientos, sino situaciones identificadas en los pliegos de condiciones que requieren revisión y análisis por parte de los especialistas de Contrataciones Públicas.
Como resultado de los mecanismos de supervisión, informó que 187 procesos de contratación han sido detenidos antes de su adjudicación, cuando se identificaron situaciones que ameritaban intervención de la institución.
Asimismo, resaltó que más de 280 entidades tienen integrados sus sistemas electrónicos de contrataciones con el Sistema de Administración Financiera del Estado, lo que impide convocar una licitación sin contar previamente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
El director de Contrataciones Públicas agregó que los proveedores pueden consultar en tiempo real el estado de sus pagos mediante la plataforma Infopago, herramienta que permite conocer en qué etapa se encuentra cada expediente y dar seguimiento a la trazabilidad de los recursos.
Más de 15 casos remitidos a la Procuraduría
Al responder sobre los resultados de los más de 15 expedientes enviados a la Procuraduría General de la República, Pimentel explicó que algunos se han traducido en imputaciones y se encuentran en instancias judiciales, mientras otros permanecen bajo investigación.
Precisó que la Dirección General de Contrataciones Públicas no tiene acceso a todas las decisiones procesales de esos expedientes, debido a que el Ministerio Público es un órgano autónomo, aunque aseguró que la institución mantiene su disposición de colaborar y suministrar las informaciones requeridas.
Pimentel también defendió el fortalecimiento del marco normativo de las compras públicas, al señalar que la nueva legislación incorporó un régimen de consecuencias que contempla sanciones administrativas y penales tanto para funcionarios como para proveedores que incurran en irregularidades.
Agregó que la normativa establece la obligación de remitir a la Procuraduría los casos en los que se identifiquen indicios de naturaleza penal, además de incorporar oficiales de cumplimiento en las instituciones públicas para reforzar la prevención y el control de posibles actos de corrupción.
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