Expertos defienden papel de las entidades de autores durante el curso organizado por OMPI y ONDA
Santo Domingo.- La expansión acelerada de la inteligencia artificial está obligando a replantear algunas de las bases sobre las que se sostiene el sistema de derecho de autor, plantearon varios expertos en un panel este jueves en la jornada final delavanzado sobre la gestión de la transformación del derecho de autor en América Latina, sesión en la quese abordó elpapel de las organizaciones de gestión colectivaen la economía de la inteligencia artificial, con las exposiciones de Santiago Schuster Vergara, Marcos Alves de Souza y Carmen Páez Soria, bajo la moderación de Andrés Gonzalo Gutiérrez Ayoroa, director ejecutivo encargado del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia.
La jornada fue organizada por la Organización de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y en ella los participantes en el panel plantearon que en el escenario actual, las sociedades de gestión colectiva emergen como uno de los actores llamados a desempeñar un papel decisivo para garantizar la protección de los creadores, la transparencia en el uso de las obras y la sostenibilidad económica de las industrias culturales. Las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC) son organizaciones privadas sin fines de lucro que administran, protegen y cobran los derechos de autor y derechos conexos en nombre de sus creadores
Esa fue una de las principales conclusiones del panel dedicado a la gestión colectiva y la propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial, celebrado en el marco del curso avanzado sobre la gestión de la transformación del Derecho de Autor en América Latina. El debate reunió distintas visiones sobre los retos regulatorios, tecnológicos y económicos que plantea la creciente utilización de contenidos protegidos para alimentar sistemas de inteligencia artificial, así como sobre el futuro de los mecanismos de licenciamiento y remuneración.
Uno de los planteamientos más contundentes fue expuesto por Marcos Alves de Souza, secretario de Derechos Autorales y Propiedad Intelectual de Brasil, quien sostuvo que las empresas de inteligencia artificial deben reconocer que los contenidos protegidos constituyen un insumo esencial para el funcionamiento de sus modelos y, por tanto, asumir una responsabilidad económica por su utilización.
A juicio del funcionario, resulta difícil justificar que una industria pueda emplear de manera intensiva aquello que considera uno de sus principales recursos sin remunerar a quienes lo producen. “La inteligencia artificial no funciona sin una biblioteca de contenidos”, afirmó, al destacar que las propias empresas tecnológicas han reconocido el valor de las obras protegidas por derechos de autor y derechos conexos debido a su calidad.
Alves de Souza advirtió además sobre la necesidad de crear mecanismos eficaces para identificar las obras utilizadas en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Según explicó, las plataformas deberían informar qué contenidos emplean y cuáles son las bases de datos que sustentan sus procesos, una responsabilidad que no puede recaer únicamente sobre las entidades de gestión colectiva.
También defendió la necesidad de examinar cómo se determinan las tarifas para los usos vinculados a la inteligencia artificial. Consideró que, si estas plataformas desempeñan funciones comparables a las de otros servicios digitales que ya pagan por el uso de contenidos protegidos, debería analizarse un tratamiento equivalente.
Otro aspecto que destacó fue la identificación de los contenidos generados mediante inteligencia artificial. En su opinión, las legislaciones deberían exigir mecanismos claros de etiquetado, incluyendo marcas de agua u otros sistemas que permitan reconocer cuándo un contenido es sintético.
Su advertencia fue más allá de la discusión sobre pagos o licencias. Para Alves de Souza, el debate afecta directamente la viabilidad futura del sistema de derechos de autor. «Regulamos eso o corremos el riesgo de perder todo», sostuvo al alertar sobre los riesgos de permitir que determinados actores utilicen obras protegidas sin asumir obligaciones similares a las que enfrentan otros usuarios.
Desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Rafael Ferraz coincidió en que la identificación y documentación de los contenidos generados o transformados mediante inteligencia artificial se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes para el sector.
Ferraz señaló que la creciente presencia de productos sintéticos en el mercado obliga a definir criterios que permitan determinar el grado de intervención humana en las obras y, en consecuencia, la forma en que deben protegerse los derechos de los autores. A su entender, la cuestión tiene implicaciones jurídicas, económicas y de transparencia para los mercados culturales y creativos.
El especialista puso especial atención en el papel que deben desempeñar las entidades de gestión colectiva en la definición de tarifas y licencias para los nuevos usos derivados de la inteligencia artificial. Recordó que, si estas organizaciones representan legalmente a los titulares de derechos y gestionan distintas modalidades de explotación de sus repertorios, también les corresponde abordar los modelos de remuneración asociados a estas tecnologías.
Sin embargo, hizo una advertencia sobre los riesgos de las negociaciones actuales. Según explicó, los titulares de derechos no deben renunciar a posibles derechos futuros a cambio de beneficios inmediatos. Para Ferraz existe una diferencia fundamental entre autorizar el uso de obras para entrenar sistemas de inteligencia artificial y permitir la explotación comercial de los contenidos generados posteriormente por esos mismos sistemas.
En esa misma línea se expresó Carmen Páez Soria, secretaria general de Cultura de España, quien afirmó que la inteligencia artificial representa uno de los mayores desafíos que enfrentan actualmente las entidades de gestión colectiva.
Páez sostuvo que una de las prioridades debe ser garantizar que los creadores mantengan el control sobre el uso de sus obras durante los procesos de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y sobre la explotación de los contenidos sintéticos que puedan derivarse de esas utilizaciones.
La funcionaria destacó que los marcos regulatorios europeos contemplan mecanismos para que los titulares de derechos puedan reservar sus obras frente a determinadas actividades de minería de textos y datos. No obstante, reconoció que estos procedimientos suelen resultar complejos para muchos autores, especialmente para los creadores individuales.
Ante ese panorama, defendió el valor estratégico de las sociedades de gestión colectiva como herramientas de representación, protección y negociación. Según explicó, estas organizaciones están llamadas a desempeñar un papel cada vez más importante frente a grandes plataformas tecnológicas y en un entorno donde los creadores necesitan información clara para tomar decisiones sobre el uso de sus obras.
Páez también destacó que la inteligencia artificial puede aportar beneficios a las propias entidades de gestión mediante la automatización de procesos, una mayor transparencia y sistemas más eficientes para la distribución de derechos. No obstante, insistió en que esas oportunidades no eliminan los riesgos asociados al uso masivo de contenidos protegidos.
A pesar de los diferentes enfoques presentados durante el debate, los participantes coincidieron en un punto central: las sociedades de gestión colectiva se perfilan como una pieza fundamental para equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los creadores. En un escenario marcado por la expansión de la inteligencia artificial y los contenidos sintéticos, su capacidad para representar derechos, negociar licencias, promover mecanismos de identificación y acompañar a los autores aparece como uno de los factores determinantes para el futuro del sistema de derecho de autor en América Latina y otras regiones.
