El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Justiniano Montero, presentó este miércoles su agenda de trabajo para los próximos 100 días, con la que procura impulsar una etapa de consolidación y fortalecimiento institucional durante el período 2026-2032.
La hoja de ruta está orientada a construir una justicia independiente, íntegra, cercana a la ciudadanía y comprometida con la protección de los derechos de las personas. Para este primer cuatrimestre, la gestión se sustentará en cuatro ejes estratégicos: Integridad, Participación, Eficiencia y Fortalecimiento Institucional.
Integridad y transparencia como prioridades
Durante un encuentro con la prensa celebrado en el Auditorio de la SCJ, Montero destacó que la integridad será uno de los pilares fundamentales de su gestión, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana y garantizar una actuación judicial basada en principios éticos, transparentes y responsables.
El magistrado explicó que se promoverá una política institucional antisoborno, acompañada del fortalecimiento de los mecanismos de prevención, orientación y denuncia. Asimismo, se contempla el desarrollo de estructuras regionales que contribuyan a fomentar una cultura de integridad en todo el Poder Judicial.
En ese contexto, indicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) colaborará en la incorporación de buenas prácticas internacionales y en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de integridad.
Poder Judicial busca mayor participación ciudadana
En relación con el eje de Participación, el juez presidente de la SCJ señaló que una de las prioridades de su mandato será estrechar los vínculos entre el Poder Judicial y la ciudadanía, mediante la ampliación de espacios de escucha, diálogo y colaboración.
“Se impulsarán mecanismos de participación en las distintas regiones del país, con el propósito de conocer las necesidades de las comunidades e incorporar sus aportes a las iniciativas de mejora del servicio judicial”, expresó.
Sobre el eje de Eficiencia, Montero manifestó que la nueva gestión centrará sus esfuerzos en mejorar las respuestas judiciales, a través de iniciativas dirigidas a reducir los retrasos en la tramitación y resolución de los casos.
En ese sentido, sostuvo que entre sus prioridades se encuentra el fortalecimiento de la estrategia Mora Cero, orientada a agilizar los expedientes más antiguos, optimizar la capacidad operativa de los tribunales y evitar que se generen nuevos retrasos.
Participación Ciudadana y abogados señalan la mora judicial como desafío
Por su parte, el colectivo Participación Ciudadana y representantes del sistema de justicia coincidieron en que la reducción de la mora judicial deberá constituir uno de los principales desafíos de la nueva gestión de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, expresaron su respaldo a las aspiraciones del magistrado Justiniano Montero.
Ledy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, valoró la visión de una justicia incorruptible planteada por Montero al ser juramentado como presidente de la SCJ para un período de siete años.
“La cultura de la integridad, la cultura de la ética, yo creo que hace sentido de seguir fortaleciéndola, no solamente en el Poder Judicial, sino también en todos los actores del sistema”, manifestó Blanco.
La representante de Participación Ciudadana también consideró que la gestión deberá prestar especial atención a la mora judicial, una preocupación que, según indicó, comparten abogados y otros actores del sistema.
En ese sentido, sostuvo que la confianza de la población en la justicia depende, en gran medida, de la capacidad de las instituciones para ofrecer respuestas oportunas a los conflictos.
“Una de las partes de generar confianza es que el ciudadano entienda, cuando llega al Poder Judicial, que sus conflictos son resueltos de manera eficiente, de manera oportuna, que garantice derechos”, expresó.
Abogados plantean mejoras tecnológicas y en las instalaciones judiciales
Además de la reducción de los retrasos, los abogados señalaron la necesidad de avanzar en la modernización tecnológica y mejorar las condiciones físicas de los espacios donde se administra justicia.
El abogado Aneury Batista manifestó que persisten dificultades relacionadas con la implementación de la virtualidad y las condiciones de algunas salas judiciales.
“Luchar ahora todavía con una virtualidad a medias que tenemos, eh… hay salones de justicia precarios y jueces, obviamente, que no se sienten a gusto”, indicó Batista.
Los planteamientos de los representantes del sistema judicial apuntan a que la nueva gestión deberá combinar el fortalecimiento de la integridad institucional con medidas que permitan agilizar los procesos, mejorar las herramientas tecnológicas y adecuar las instalaciones de los tribunales.
Modernización y seguimiento de la gestión
Montero también explicó que la modernización institucional del Poder Judicial requiere reforzar sus capacidades administrativas, territoriales y humanas.
Para asegurar el cumplimiento de esta hoja de ruta, el magistrado adelantó que los primeros cuatro meses de gestión servirán para establecer mecanismos rigurosos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
De igual manera, reafirmó el compromiso de mantener informada a la ciudadanía, de forma transparente, sobre los avances, los resultados obtenidos y los desafíos pendientes durante el desarrollo de su gestión.
