SANTO DOMINGO.- El Gobierno de Estados Unidos afirmó este martes que comparte las preocupaciones de su par dominicano en el combate a la corrupción y la competencia desigual que afectan el «comercio legítimo» y señaló específicamente cuando son perjudicados empresas e inversionistas estadounidenses.

«El Gobierno dominicano y el sector privado han expresado su preocupación por el riesgo de que la corrupción, junto con la falta de uniformidad en la regulación, genere condiciones de competencia desiguales para el comercio legítimo, y reduzca los ingresos del Gobierno dominicano», afirmó la embajadora de EE.UU. en el país, Leah Campos, en su cuenta de X.

Estados Unidos es el principal socio comercial de República Dominicana con un intercambio que en 2025 alcanzó 18,977 millones de dólares, producto de exportaciones dominicanas por valor de 7,124 millones de dólares e importaciones de 11,853 millones de dólares.

Campos elogió los esfuerzos de las autoridades dominicanas para enfrentar esos problemas, y citó el reciente caso del cierre de una fábrica de cartón que operaba de «manera inadecuada» en Santo Domingo.

La diplomática se refirió al cierre de la fábrica, de capital chino y que supuestamente operaba de manera ilegal, un día después de que el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Juan Pablo Segura, elogiara a la República Dominicana por la clausura de la empresa.

En su mensaje de este martes, la embajadora Campos aseguró que Estados Unidos y la República Dominicana, si bien son naciones soberanas, «mantienen una dinámica relación de cooperación en materia de comercio y seguridad».

«Todos podemos celebrar las medidas que adopta cada nación para reforzar la seguridad de nuestra región y fortalecer el comercio legítimo, al tiempo que combate el tráfico ilícito que perjudica la seguridad y la prosperidad de nuestros respectivos países», puntualizó Campos.

El pasado 20 de octubre, el Ministerio de Trabajo ordenó paralizar las operaciones de 24 empresas de capital chino en el país, al considerar que representan un «peligro inminente» para la seguridad e integridad de los trabajadores.

Las órdenes incluyeron la inspección de 101 establecimientos cuyos propietarios son ciudadanos chinos, aseguró el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, sin precisar a qué se dedicaban esas fábricas.

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