LA ALTAGRACIA. – El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana Sánchez, encabezó un recorrido de inspección por las instalaciones del nuevo complejo penitenciario de Anamuya, en Higüey, como parte de los preparativos para su próxima inauguración.
La jornada contó con la participación de autoridades gubernamentales, religiosas, legislativas y representantes comunitarios de la provincia La Altagracia, con el propósito de presentar las instalaciones y dar a conocer los detalles de su próxima puesta en funcionamiento.
De acuerdo con las autoridades, el nuevo recinto busca mejorar las condiciones de detención y contribuir a reducir la sobrepoblación penitenciaria en esa demarcación.
En la visita participaron el senador Rafael Barón Duluc Rijo; la gobernadora provincial, Daysi Francisca de Óleo Bastardo; el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, y el director general de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín Santos, entre otros representantes.
Durante el recorrido, técnicos del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) ofrecieron explicaciones sobre la infraestructura, con la participación del viceministro de Construcción, Juan Miguel de los Santos, y el director de Obras de Educación de esa institución, Ronald Castillo.
Capacidad y distribución de las instalaciones
El complejo penitenciario cuenta con capacidad para albergar a más de 550 personas privadas de libertad. Como parte de la primera etapa de funcionamiento, se contempla el traslado de 211 internos, entre ellos 133 hombres y 78 mujeres.
Las instalaciones incluyen el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya Mujeres, con capacidad para 90 internas. Este recinto dispone de áreas de alojamiento, comedor, cocina, economato, lavandería y dos aulas educativas, además de espacios destinados a talleres de costura, artesanía y belleza.
Asimismo, cuenta con un Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (CAPLIP), con capacidad para 470 detenidos, distribuido en dos módulos de tres niveles, identificados como A y B.
El complejo también dispone de un edificio administrativo que alberga oficinas, dispensario médico y farmacia del pueblo. Además, incluye salas de audiencias y espacios de descanso para los agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP).
Otra de las instalaciones corresponde al recinto de antelación a juicio y medio libre, presentado como el único de su tipo en el país. Su propósito es contribuir a evitar el uso excesivo de la prisión preventiva mediante espacios destinados a abogados, trabajadores sociales, fiscales y jueces, así como áreas para la Defensa Pública y la Casa del Redentor.
