En los últimos días he tenido la oportunidad de conversar en distintos espacios sobre el aumento del marbete, la facturación electrónica, las nuevas responsabilidades penales de las empresas y otras decisiones que están generando preocupación en nuestra sociedad. Aunque parecen asuntos diferentes, todos nos llevan a una misma pregunta: ¿hasta dónde alcanza el bolsillo de la gente y de quienes mantienen funcionando los pequeños negocios?
Esta preocupación no la planteo únicamente desde mi formación jurídica. También la conozco desde mi experiencia como propietaria de una MIPYME. Sé lo que significa cumplir con la nómina, pagar servicios, responder a las obligaciones tributarias, invertir en herramientas de trabajo y procurar que una empresa siga creciendo. Emprender requiere planificación y mucho esfuerzo, especialmente cuando los compromisos aumentan y los ingresos no necesariamente lo hacen al mismo ritmo.
Pienso en el propietario de un colmado, una cafetería o un salón de belleza que, después de pagar el alquiler, la electricidad, los empleados y los suplidores, debe encontrar recursos para adaptarse a nuevas exigencias administrativas. También pienso en las familias que cada mes hacen ajustes para cubrir la alimentación, el transporte, la educación y los servicios básicos. Para muchas personas, llegar a fin de mes se ha convertido en un ejercicio permanente de organización y sacrificio.
En ese contexto se produce el aumento del marbete a RD$2,000 y RD$4,000, una decisión que la Dirección General de Impuestos Internos justifica en la inflación acumulada durante los últimos diez años. Mi cuestionamiento no se limita a determinar si existe una facultad legal para actualizar estas tarifas. También debemos examinar la oportunidad y la proporcionalidad de la medida. Si utilizamos la inflación para aumentar lo que paga el ciudadano, ¿por qué no miramos con la misma atención cómo ha evolucionado su capacidad adquisitiva?
Algunos consideran que quinientos o mil pesos adicionales no representan una carga importante. Pero quien administra un hogar sabe que el problema no es un pago aislado. Es lo que ocurre cuando se suman el supermercado, el combustible, la electricidad, los medicamentos y todas las demás responsabilidades. El bolsillo del ciudadano es uno solo, aunque las obligaciones lleguen desde distintas instituciones.
Algo semejante ocurre con la facturación electrónica. He defendido su importancia para modernizar el sistema tributario y mejorar la transparencia, pero también he advertido sobre las dificultades de numerosas MIPYMES para cumplir con esta obligación. Quienes dirigimos un negocio sabemos que incorporar nuevas herramientas implica capacitar personal, reorganizar procesos y, muchas veces, asumir gastos adicionales. Las facilidades tecnológicas que ofrece el Estado son importantes, pero no todas las empresas tienen las mismas condiciones para aprovecharlas.
La discusión sobre la ampliación del plazo para aplicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas también nos deja una reflexión. Si reconocemos que las empresas necesitan tiempo para adecuarse a nuevas responsabilidades legales, debemos aplicar ese mismo criterio de planificación al establecer otras obligaciones. No se trata de permitir incumplimientos, sino de comprender que un pequeño negocio no dispone de los recursos de una gran corporación.
Mientras tanto, seguimos teniendo reformas importantes pendientes. La reforma laboral necesita alcanzar acuerdos que permitan proteger los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, promover el empleo formal. La seguridad social requiere respuestas sobre las pensiones y el acceso a servicios de salud, mientras que los problemas del sector eléctrico continúan afectando directamente a los hogares y a las empresas.
Pero hay otra parte de esta discusión que no podemos dejar fuera: ¿qué está haciendo el Estado con los recursos que recibe?
El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla que aproximadamente el 86 % de los gastos corrientes y de capital del Gobierno central se destine a gastos corrientes y el 14 % a gastos de capital. Aunque se proyecta un incremento de la inversión pública, esta distribución nos obliga a reflexionar sobre nuestras prioridades.
Es cierto que dentro del gasto corriente se encuentran compromisos indispensables, como los salarios de maestros, médicos, programas sociales y el pago de intereses de la deuda. Sin embargo, también debemos revisar el crecimiento de las estructuras administrativas, la nómina pública y aquellos gastos que pueden racionalizarse para disponer de mayores recursos destinados a necesidades prioritarias.
Una familia que pierde sus pertenencias porque no se ha construido un drenaje adecuado, un trabajador que debe gastar más en transporte por el deterioro de las vías o un pequeño empresario que necesita invertir en soluciones ante las deficiencias del servicio eléctrico conocen muy bien las consecuencias de una inversión pública insuficiente o mal ejecutada.
Por eso, cuando hablamos de presupuesto, no estamos hablando simplemente de números. Estamos hablando de escuelas, hospitales, calles, agua potable y servicios que pueden aliviar las cargas económicas de la población.
El Gobierno ha anunciado medidas de austeridad, pero necesitamos conocer sus resultados concretos. Si a las familias y a las empresas se les pide hacer mayores esfuerzos, también corresponde que el Estado demuestre cómo está reduciendo gastos innecesarios y utilizando mejor los recursos disponibles.
Desde el derecho administrativo, esta reflexión encuentra fundamento en el derecho a la buena administración y en los principios desarrollados por la Ley núm. 107-13. Las decisiones públicas no solo deben cumplir con la ley; también deben ser razonables, proporcionales y considerar sus efectos sobre las personas.
Como profesional y empresaria, valoro profundamente a quienes cada mañana se levantan a trabajar, sostener sus hogares y mantener sus negocios abiertos. Ese esfuerzo merece ser tomado en cuenta cuando se adoptan decisiones que afectan su economía.
La República Dominicana necesita reformas, modernización y mayor cumplimiento de las obligaciones legales. Pero también necesita planificación, mejores servicios públicos y una administración responsable de los recursos. Porque antes de preguntarnos cuánto más pueden pagar la gente y las MIPYMES, también debemos preguntarnos cuánto mejor puede administrar el Estado lo que ya recibe.
