Redacción.- La caída de Ueno Bank desencadenó una crisis que pasó del bloqueo de los ahorros de millones de clientes a las protestas en las calles y la pérdida de respaldo político del presidente Santiago Peña, quien presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, mientras el Congreso debatía un juicio político en su contra.

El detonante fue el anuncio del Banco Central del Paraguay, el 3 de noviembre, de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno. Tras ajustes en sus estados financieros, el índice de solvencia de la entidad quedó por debajo de la mitad del mínimo exigido, según el organismo supervisor.

La suspensión de los servicios dejó a los usuarios sin acceso inmediato a sus depósitos. El banco tenía unos 2.9 millones de clientes y había recibido recursos de instituciones públicas, incluidos fondos de pensiones. El impacto sobre esos ahorros trasladó la crisis financiera al escenario político.

Los vínculos que pusieron al Gobierno bajo cuestionamiento

Peña había sido socio del grupo propietario de Ueno hasta marzo de 2025. A ello se sumó que Carlos Carvallo, presidente del Banco Central encargado de supervisar el sistema financiero, había dirigido la financiera que dio origen al banco. Ambos antecedentes intensificaron los cuestionamientos sobre la supervisión de la entidad y sus relaciones con el poder político.

El 3 de noviembre, ahorristas y jubilados protestaron en Asunción para exigir la devolución de sus fondos. Las movilizaciones llegaron a las inmediaciones del Congreso y de la residencia presidencial, donde se registraron incidentes con la Policía. Entre los reclamos también surgieron pedidos de renuncia del mandatario.

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Las medidas oficiales y la ruptura política

Ante la crisis, Peña pidió la renuncia de Carvallo y promovió una ley para agilizar la devolución de depósitos. El 4 de noviembre anunció cambios en la dirección del Banco Central y pidió serenidad a la población.

La presión continuó hasta alcanzar a su propio partido. Este jueves, Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, y Basilio Núñez, presidente del Congreso, retiraron su respaldo al mandatario, lo que fortaleció la iniciativa para someterlo a juicio político.

Los legisladores plantearon acusaciones de conflictos de intereses, uso indebido de fondos de pensiones y encubrimiento institucional vinculadas al caso Ueno. Estos señalamientos formaban parte del proceso político y no constituían condenas judiciales.

Mientras se desarrollaba el debate legislativo, Peña anunció su renuncia mediante un video difundido en redes sociales. Alegó que su decisión buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.

La dimisión debe ser aceptada o rechazada por el Congreso. El vicepresidente Pedro Alliana está en la línea de sucesión para asumir la Presidencia.

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