SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En atención al pedimento del Ministerio Público, el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó otra vez la prisión preventiva, como medida de coerción, impuesta a Ángel Luis Guzmán Vásquez, vinculado a la red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo que el juez confirmó la prisión preventiva tomando en cuenta que no han variado los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la misma.
“Esta decisión es importante porque se considera que el caso todavía guarda una gravedad y todavía se mantienen las condiciones que dieron lugar a que este imputado se encuentre en prisión preventiva”, explicó Ramírez a los periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal luego de la ratificación de la medida conocida el viernes.
El juez Raymundo Mejía fijó en tres meses la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción.
A finales del pasado mes de abril, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrestó a Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa, desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022, cuando trató de salir de la República Dominicana con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno al país.
En el proceso a Guzmán Vásquez le fue impuesta la prisión preventiva por 18 meses, la cual, posteriormente, le fue confirmada el pasado mes de julio.
El imputado está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la red criminal que estafó al SeNaSa mediante el empleo de distintas maniobras y modalidades fraudulentas, para hacerse con montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos.
Como parte de la operación Cobra, el Ministerio Público investiga autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, sumando 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.
El proceso judicial por hechos de corrupción
En el mes de septiembre pasado, tras la puesta en marcha de la Operación Cobra 2.0, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional también impuso prisión preventiva y domiciliaria, así como garantías económicas a otros involucrados, incluyendo personal médico. Las medidas privan de libertad a 24 imputados.
La prisión preventiva fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra. También, a Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes deberán cumplir la medida de coerción en el CCR Najayo Mujeres, por 18 meses.
La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 22 de diciembre del año 2026.
El arresto domiciliario se impuso a los imputados Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Además, fue impuesta una garantía económica de 2 millones de pesos, a través de compañía aseguradora, impedimento de salida y arresto domiciliario contra Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
En tanto que a Martha María Saldaña Saldaña le fue impuesta una garantía económica de tres millones de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y arresto domiciliario.
Igualmente, una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía, impedimento de salida y presentación periódica fueron impuestas a José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
Respecto al SeNaSa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez, quienes cumplen distintas medidas de coercion.
Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trató de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez arresto domiciliario.
