EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El especialista en prevención de lavado de activos José Manuel Patín Muñiz advirtió sobre la necesidad de actualizar la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al considerar que, a casi diez años de su promulgación, la legislación necesita adecuarse a las nuevas modalidades del crimen organizado y los riesgos que enfrenta la República Dominicana.
Patín Muñiz sostuvo que la normativa vigente no puede permanecer sin modificaciones ante la evolución de las actividades ilícitas, el uso de nuevas tecnologías y el carácter transnacional de las redes criminales, por lo que entiende que las autoridades deben revisar sus disposiciones y fortalecer los mecanismos de prevención.
Explicó que la legislación actual sustituyó la Ley 72-02, promulgada en 2002, que permaneció vigente durante 15 años y quedó desfasada frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de operar de las organizaciones criminales. Recordó que la aprobación de la primera normativa estuvo marcada por el asesinato del senador Darío Gómez, quien había promovido su creación.
«Nosotros no podemos dejar la ley tal cual se encuentra ahora mismo», expresó el especialista, al insistir en que el país necesita una actualización que permita enfrentar con mayor efectividad el crimen organizado.
Entre los riesgos que señaló figuran el narcotráfico y el tráfico de armas, actividades que generan importantes cantidades de dinero y que, según explicó, adquieren mayor relevancia para el país debido a su ubicación geográfica y a la frontera que comparte con Haití, donde las bandas criminales mantienen una fuerte presencia.
El especialista en prevención de lavado de activos José Manuel Patín Muñiz hizo estas declaraciones junto a Yudelka Ramos y Félix Correa durante su participación en el programa «60 Minutos de Seguros», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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En ese sentido, advirtió que la extorsión, el secuestro y otras actividades delictivas tienen consecuencias que trascienden la seguridad ciudadana, debido a que generan costos adicionales para el comercio y afectan los precios de los productos. Como ejemplo, mencionó las denuncias sobre el cobro de hasta 5,000 dólares por cada furgón que ingresa a Haití, situación que, a su juicio, repercute en el costo de los alimentos y en la economía de la población.
El especialista también cuestionó que en el país se relacione el lavado de activos casi exclusivamente con el narcotráfico, cuando existen otras actividades ilícitas que pueden generar recursos susceptibles de ser introducidos al sistema económico, entre ellas la trata de personas, el secuestro, la extorsión, la corrupción, el contrabando y determinados delitos tributarios.
A su entender, situaciones como el tráfico de personas, el contrabando de mercancías y el secuestro deben analizarse también desde la perspectiva de la prevención del lavado de activos, debido a los beneficios económicos que producen. En ese contexto, consideró que los medios de comunicación deben ampliar la cobertura de estos delitos y explicar su vinculación con el lavado de dinero.
Al referirse al financiamiento del terrorismo, aclaró que este constituye una de las materias contempladas en la Ley 155-17, junto con la prevención del lavado de activos y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. No obstante, sostuvo que en la República Dominicana no se han registrado casos de financiamiento del terrorismo y diferenció esa figura de los actos violentos cometidos por personas particulares.
Patín Muñiz también planteó la necesidad de revisar las disposiciones relacionadas con los delitos tributarios, al considerar que la legislación debe adecuarse a los cambios introducidos por la facturación electrónica y el nuevo Código Penal. Explicó que la normativa contempla determinadas conductas vinculadas con la declaración de mercancías, pero entiende que debe examinarse el tratamiento de otras infracciones fiscales y sus consecuencias en materia penal.
De cara a la próxima evaluación internacional del sistema de prevención de lavado de activos, el especialista cuestionó el nivel de cumplimiento de los sectores sujetos a las disposiciones de la Ley 155-17. Afirmó que alrededor del 90 % de estos sectores no estaría cumpliendo con las obligaciones establecidas en la normativa, por lo que consideró necesario fortalecer la supervisión y la aplicación de los mecanismos de prevención.
«La República Dominicana la puede pasar como el estudiante que el profesor le regala dos puntos para no verlo en agosto», expresó al valorar la preparación del país para ese proceso, con lo que insistió en la necesidad de mejorar el cumplimiento de la legislación y evitar que las debilidades institucionales afecten los resultados de la evaluación.
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