EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora y ambientalista Denisse Larrauri criticó el concepto de seguridad jurídica aplicado a las empresas mineras en República Dominicana y afirmó que, en algunos casos, el Estado termina asumiendo los costos y riesgos derivados de sus operaciones.
Al abordar el tema, mencionó los pasivos ambientales y las presas de relaves vinculadas a la antigua Rosario, así como la intervención que ha tenido que realizar el Estado para enfrentar los riesgos y costos asociados a esas situaciones.
También se refirió a la instalación de un laboratorio en la Dirección General de Aduanas, luego de las sospechas sobre los materiales que exportaba Barrick Gold. Explicó que la decisión estuvo relacionada con las denuncias sobre 25 embarques de la minera, cuyos representantes alegaban que los materiales procedían de Estados Unidos. Según indicó, esto llevó a establecer mecanismos para determinar cuáles metales salían del país y en qué cantidades, lo que posteriormente dio lugar a un contrato especial.
«Las denuncias de los supuestos 25 embarques de la Barrick Gold fue lo que determinó que se pusiera o que se instalara ese laboratorio», expresó.
Larrauri también hizo referencia a una empresa china que identificó como Condomenco, a la que atribuyó la extracción de tierras raras bajo la denominación de bauxitas, y mencionó las sospechas que, según sus declaraciones, existían sobre las relaciones entre ciudadanos venezolanos y chinos vinculados a esas operaciones.
Otro de los aspectos que señaló fue la situación de las provincias mineras respecto al cinco por ciento que les corresponde, al indicar que el Estado plantea dificultades para cumplir con esa entrega, mientras debe enfrentar otros compromisos relacionados con las inversiones de las compañías.
En ese contexto, mencionó a GoldQuest y la posibilidad de que el país tenga que compensar a la empresa por el dinero invertido y las ganancias que esperaba obtener si su proyecto no llega a ejecutarse.
«Y en el caso de GoldQuest, si no se lleva a cabo esta empresa minera, vamos a tener que pagarle lo que ellos invirtieron y lo que ellos pensaban que iban a ganar», manifestó.
A partir de estos casos, Larrauri consideró que las garantías que se ofrecen a las empresas mineras deben analizarse también desde las responsabilidades que estas asumen y los costos que podrían quedar a cargo del Estado.
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