El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, pospuso este jueves la segunda discusión de una reforma parcial de la ley del servicio eléctrico, un sector golpeado por la severa crisis que atraviesa el país, donde los cortes diarios de energía han motivado años de denuncias y protestas sociales.
Aplazan la segunda discusión de la reforma
Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal del Parlamento en YouTube, el diputado chavista Pedro Carreño pidió el diferimiento de la segunda discusión —necesaria para que la reforma de la ley sea aprobada— para seguir trabajando el instrumento.
La ley tiene por objeto regular el servicio eléctrico en todo el territorio nacional, así como los «intercambios internacionales de energía», a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización, según una lectura del proyecto de reforma que se hizo durante la sesión.
El instrumento promete «contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad», así como «asegurar el desarrollo integral de la nación, garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioeconómicas».
Además, plantea «la construcción de un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro, que garantice los derechos de las personas».
Crisis eléctrica, protestas y costo de recuperación
Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado. La oposición y expertos aseguran que se debe a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno señala que el problema se debe a las sanciones, al fenómeno climático El Niño y a supuestos sabotajes.
- El miércoles, la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines estimó que la recuperación del sistema eléctrico en Venezuela requiere de una inversión de hasta 40.000 millones de dólares y un plan «maestro» que podría extenderse por 10 años, luego de más de una década de desinversión.
- Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 1.101 protestas durante el pasado mes de septiembre, de las cuales 531 fueron contra cortes y problemas relacionados con el servicio eléctrico, según un boletín difundido el miércoles.
El aplazamiento de la reforma legislativa se produce en un contexto de creciente preocupación por la capacidad del sistema eléctrico venezolano para garantizar un suministro estable a hogares, comercios e industrias.
La postergación de la segunda discusión permitirá a los parlamentarios continuar revisando el contenido del proyecto antes de su eventual aprobación, aunque todavía no se ha precisado cuándo volverá a debatirse.
Mientras tanto, los problemas de generación, transmisión y distribución de energía continúan afectando la vida cotidiana de millones de ciudadanos y dificultando el normal desarrollo de las actividades económicas en distintas regiones del país.
La magnitud de los recursos necesarios para recuperar la infraestructura eléctrica constituye otro de los principales desafíos para Venezuela. La estimación de hasta 40.000 millones de dólares planteada por especialistas refleja la necesidad de inversiones sostenidas, mejoras en el mantenimiento y una planificación a largo plazo para modernizar las instalaciones.
