
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Senado convirtió en ley el proyecto que modifica la Ley número 339-22, sobre el uso de medios digitales en los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, con el propósito de profundizar la transformación tecnológica de la Justicia dominicana y adecuar su funcionamiento a los avances digitales y al marco jurídico vigente.
La nueva normativa viene a consolidar el uso de las herramientas tecnológicas como vía general para la tramitación de los procesos judiciales y administrativos, sin menoscabar las garantías procesales ni el derecho de acceso a la justicia.
El proyecto fue presentado originalmente por el Poder Judicial y tras perimir, reintroducido por el diputado y presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.
Entre sus principales disposiciones figura el fortalecimiento de la firma digital y electrónica cualificada para jueces, secretarios, servidores judiciales y oficiales de la justicia, quienes podrán suscribir mediante estos mecanismos sentencias, resoluciones, autos y otros documentos relacionados con los procedimientos jurisdiccionales y administrativos.
Asimismo, la normativa incorpora mecanismos de control y trazabilidad de las actuaciones judiciales. En ese sentido, establece que los alguaciles deberán documentar mediante un sistema digital georreferenciado las diligencias de notificación de actos firmados digitalmente, dejando constancia del lugar, la fecha y la hora en que fueron realizadas.
Otro de los aspectos relevantes de la nueva legislación es la ampliación del uso de las audiencias virtuales, que podrán celebrarse en todas las materias, con excepción de la penal, siempre que exista consentimiento de las partes.
En los casos en que no haya acuerdo, corresponderá al tribunal determinar si la audiencia se desarrolla de manera presencial, semipresencial o virtual, atendiendo a las circunstancias particulares del proceso.
La normativa también contempla excepciones para aquellos procedimientos que no puedan realizarse por medios digitales debido a dificultades técnicas, materiales o de conectividad. Estas situaciones deberán tratarse como excepcionales, a fin de evitar que las limitaciones tecnológicas se conviertan en obstáculos para el acceso a la justicia.
Durante el estudio de la iniciativa, la comisión especial de la Cámara de Diputados, presidida por Tobías Crespo, introdujo modificaciones a varios artículos de la Ley núm. 339-22 y propuso incorporar un nuevo artículo 12.1.
Los cambios procuran armonizar la legislación sobre justicia digital con otras normas del ordenamiento jurídico dominicano, incluidas disposiciones del Código Civil, el procedimiento civil, la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como las nuevas disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal.
La actualización también responde a situaciones identificadas durante la aplicación práctica de la justicia digital y a la necesidad de adecuar el marco legal a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.
La iniciativa tiene como antecedente la experiencia adquirida durante la pandemia de Covid-19, cuando la suspensión de las actividades presenciales obligó al sistema judicial dominicano a implementar mecanismos tecnológicos para mantener la continuidad de los procesos.
En ese período, la Suprema Corte de Justicia impulsó herramientas y plataformas digitales para evitar la paralización de las labores judiciales.
Posteriormente, distintos sectores presentaron cuestionamientos ante el Tribunal Constitucional sobre aspectos relacionados con la aplicación de la justicia digital, particularmente en materia penal, lo que contribuyó al debate sobre la necesidad de actualizar su marco normativo.
Con la conversión en ley del proyecto, el país avanza hacia un sistema judicial más moderno, apoyado en herramientas tecnológicas para agilizar los procedimientos, fortalecer la seguridad de las actuaciones y facilitar la tramitación de los expedientes, preservando las garantías fundamentales de las partes involucradas.
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