Por Leomel Mieses
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un diagnóstico oficial basado en el Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos (IVACC) elaborado por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), expone que cerca de dos millones de niños dominicanos se encuentran expuestos directamente a por lo menos un evento climático extremo de forma recurrente.
Entre el 60 % y el 70 % de los menores del país se encuentran afectados por la crisis ambiental, mientras que 600,000 niños y niñas viven en condiciones de riesgo climático extremo y carecen de suficiente protección institucional y económica frente a huracanes, inundaciones repentinas y sequías prolongadas, según informó la periodista Thania Urías en un trabajo publicado por Infobae, donde hizo referencia al estudio mencionado.
De acuerdo con el reportaje, especialistas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierten que las consecuencias de este fenómeno trascienden la emergencia meteorológica inmediata. El impacto se refleja en la infraestructura educativa, ya que las tormentas recurrentes provocan daños estructurales en los planteles, retrasos prolongados en los calendarios escolares y la habilitación constante de escuelas como refugios temporales para las familias desplazadas.
Destaca que a esta situación se suma el grave peligro sanitario, pues las inundaciones y las precipitaciones intensas aumentan la vulnerabilidad ante enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera y la leptospirosis, que afectan principalmente a las familias de menores recursos.
La coordinadora señaló que estos fenómenos, además de provocar daños físicos y materiales, generan desplazamientos forzados, estrés crónico y traumas en la población infantil. Este malestar se vincula con lo que la literatura científica denomina ecoansiedad, definida como el miedo persistente al futuro derivado de la crisis climática.
El reportaje plantea un panorama que amenaza con agravarse de cara al año 2030. Ante esta situación, organismos internacionales y actores sociales insisten en la urgencia de redefinir las políticas públicas y exigen inversiones prioritarias en infraestructura resiliente, sistemas de alerta temprana con un enfoque específico en la niñez y redes de protección social capaces de amortiguar los efectos de estos fenómenos antes de que sea demasiado tarde.
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