El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió al Gobierno esclarecer las muertes ocurridas durante intervenciones policiales y garantizar investigaciones sobre las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, al advertir que la seguridad ciudadana no puede estar por encima del derecho a la vida.
Al hablar en una rueda de prensa, el dirigente Temistocles Montas señaló que, han verificado 55 muertes clasificadas como resultado de actuaciones policiales, mientras que la Organización Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado que más de 180 personas habrían perdido la vida en intervenciones de agentes del orden en los primeros meses del año.
Consideró especialmente preocupantes los señalamientos sobre personas que presuntamente habrían sido ejecutadas después de rendirse o quedar bajo control policial. Advirtió que de comprobarse estos hechos, podrían constituir graves violaciones de los derechos fundamentales y delitos sujetos a investigación y sanción.
La organización reconoció que los agentes policiales tienen la facultad de proteger sus vidas y las de terceros ante amenazas reales e inminentes. Sin embargo, sostuvo que esta atribución no autoriza el uso letal de la fuerza contra personas que ya no representan un peligro inmediato.
Responsabilidad estatal
La organización también señaló la responsabilidad política del presidente Luis Abinader en la supervisión de la política de seguridad ciudadana, al recordar que el artículo 255 de la Constitución establece que la Policía Nacional es una institución bajo la autoridad del mandatario.
José Dantes, dirigente del partido señaló que en ese contexto, ve necesario determinar si las muertes denunciadas responden a actuaciones individuales de algunos agentes, deficiencias estructurales de la institución o prácticas irregulares que pudieran haberse tolerado.
Sostuvo que la ausencia de una orden expresa para cometer ejecuciones no elimina las posibles responsabilidades derivadas de la falta de supervisión, el incumplimiento del deber de prevenir actos ilegales o la ausencia de sanciones.
Por ello, exigió al Gobierno responder públicamente si existe una política efectiva para prevenir las ejecuciones extrajudiciales, y qué resultados concretos han arrojado las investigaciones sobre las muertes denunciadas
Derechos humanos
Dicen deben cumplir ley
