Hay hartazgo. Del atraco que arrebata el salario, del robo que vuelve inseguro el barrio; también de la delincuencia empresarial y de cuello blanco que empobrece a miles mientras conserva respetabilidad. El castigo se concentra en los barrios mientras grandes delincuentes compran protección.
Pero ese cansancio no autoriza a matar sin juicio. El 15 de octubre, El Nacional reportó 238 muertos este año en supuestos «intercambios de disparos». El 17, Diario Libre informó otra muerte en Santiago: Wideiso Cris, señalado por la Policía como sospechoso de atracos. El 2 de octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 205 presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2026. Son recuentos distintos: no son expedientes ni corresponden en su totalidad a la práctica denunciada.
Dar a la Policía poder para decidir quién vive y quién muere también fortalece a los delincuentes que actúan desde sus filas. Un agente implicado en delitos puede eliminar a quien conoce sus negocios y borrar las pistas de sus cómplices. Así se convierte en juez, parte y verdugo, mientras la red criminal permanece intacta y protegida por el uniforme.
Ante una amenaza real contra la vida, la defensa legítima exige necesidad y proporcionalidad. Eso jamás ampara rematar a un detenido ni fabricar enfrentamientos.
Necesitamos prevención, investigación y sanciones para todos, incluidos los delincuentes con uniforme o poder económico. Cuando aplaudimos que maten sin juicio, podemos estar aplaudiendo que entierren la verdad.
