SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público está preparado para presentar este viernes, 16 de octubre, ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, la sólida acusación penal sustentada en más de 1,660 pruebas contra los integrantes de la estructura criminal dedicada al lavado de activos y la estafa electrónica mediante un esquema inmobiliario, desmantelada en el marco de la Operación Guepardo.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana acusan por el caso a Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y a Cynthia Desirée Giroux Sarita, así como a las sociedades comerciales Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, señaladas como instrumentos utilizados para canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita.
La investigación ha permitido documentar la afectación directa de más 426 víctimas, entre nacionales y extranjeros, así como reunir los elementos de prueba que sustentan los hechos atribuidos a los imputados.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una estructura organizada que utilizaba distintas empresas, entre ellas, Novasco Real Estate SRL, RE/MAX One y Rodeca Marketing Group, para promover y comercializar proyectos inmobiliarios que, según la investigación, carecían de las condiciones legales, financieras y operativas necesarias para su ejecución.
El Ministerio Público atribuye a los imputados distintos niveles de participación dentro del esquema, incluyendo la organización y beneficio de las operaciones, promoción y comercialización de proyectos, administración empresarial, suscripción de contratos, canalización de fondos, manejo contable de recursos y atención de reclamaciones de adquirientes.
Las actuaciones desplegadas por la estructura estaban dirigidas a captar fondos de numerosas víctimas mediante la oferta de proyectos inmobiliarios fraudulentos, obtener beneficios económicos y realizar operaciones destinadas a ocultar, administrar y disfrutar de los recursos obtenidos.
El órgano acusador recordó, que, por su vinculación al caso, se encuentran detenidas en Colombia, Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi, quienes escaparon hacia esa nación suramericana, para evadir su responsabilidad penal. El Ministerio Público dominicano está a la espera de la respuesta oficial de Colombia, en cuanto a la extradición.
La investigación fue coordinada por los fiscales Claudio Cordero, por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Mayerling Rondón, por la Fiscalía de La Romana, bajo la responsabilidad institucional de las titulares, la procuradora de corte Ramona Nova y la procuradora fiscal Reina Rodríguez.
