Buenos Aires– Estudiantes ocuparon instalaciones de facultades, realizaron clases públicas, cortes de calles, asambleas y vigilias este miércoles en Argentina, como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves en distintos puntos del país suramericano, en reclamo de mayor financiamiento para la educación pública.
Las actividades previas a la movilización incluyen actividades en distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras universidades nacionales para exigir al Gobierno de Javier Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas y mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores.
Entre las medidas está la toma de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que se extenderá hasta el jueves, y del Colegio Nacional de Buenos Aires (dependiente de la UBA), además de clases públicas, cortes de calles y asambleas en otras facultades.
En otras provincias, organizaciones estudiantiles y la comunidad educativa realizan este miércoles intervenciones callejeras, vigilias y concentraciones en la previa de la marcha.
Hay actividades de protesta en Buenos Aires, Salta, San Juan, Santa Fe, Mar del Plata, Tandil, Río Cuarto y Córdoba, entre otras ciudades argentinas.
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Las principales centrales de trabajadores argentinos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), anunciaron también que participarán de la protesta.
La movilización incluirá reclamos vinculados con la emergencia en discapacidad y el rechazo al decreto presidencial 70/2023, que derogó la Ley de Tierras, que prohibía la venta a extranjeros de más del 15 % de las tierras del país.
El conflicto universitario gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada en octubre de ese año tras el veto presidencial.
El pasado 6 de octubre, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 ordenó al Ejecutivo cumplir con la ley, pero el Gobierno apeló la sentencia.
