Las amenazas y los intentos de chantaje contra mi esposo, Luis Carvajal, forman parte de una realidad cotidiana para muchas personas en la República Dominicana. Su persistencia evidencia el avance de prácticas delictivas y un descuido de las autoridades en la prevención y protección de la ciudadanía.
Luis decidió denunciar públicamente lo ocurrido, comunicarlo a la Fiscalía y hacerlo llegar al DICAT, además de publicar su denuncia en sus propias redes sociales. Esa respuesta contribuye a romper el silencio y a buscar soluciones duraderas frente a un acoso que afecta a ciudadanos de distintos sectores.
Pedir que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias no responde a un deseo de venganza. Tampoco basta con identificar y detener a quienes, posiblemente, sean delincuentes oportunistas. El propósito es impedir que estas prácticas sigan reproduciéndose, proteger a las víctimas y evitar que la intimidación se convierta en una forma habitual de condicionar la vida social.
La trayectoria ambiental y la visibilidad pública de Luis obligan, además, a esclarecer todas las dimensiones del caso. La investigación debe determinar si existen otros intereses, otras intenciones o personas que instiguen estas acciones. No podemos afirmar que las haya, pero tampoco descartarlas sin investigar. Las conclusiones deben surgir de las pruebas.
Esperamos de las autoridades una respuesta diligente, transparente y completa, capaz de establecer responsabilidades y prevenir nuevas amenazas.
La protección debe alcanzar también a quienes carecen de reconocimiento público. Defender el derecho a participar sin miedo y a vivir sin chantajes es una responsabilidad del Estado que debe traducirse en hechos.
