SANTO DOMINGO.- El Gobierno de Estados Unidos mantuvo a República Dominicana en el Nivel 2 de su informe sobre trata de personas, al reconocer avances de las autoridades, pero advertir que el país todavía no cumple plenamente con los estándares mínimos para combatir este delito.

El informe destaca la modificación de la Ley 137-03 para elevar las penas por trata de personas y la creación de una Unidad Especial de Investigación bajo la Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT).

“El gobierno incrementó los enjuiciamientos, condenó a más traficantes, incluyendo a un funcionario cómplice, y remitió a más víctimas a servicios de protección. Sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave”, señala el documento.

Un año de prisión preventiva para mujer vinculada a red de trata de personas
Mujer vinculada a red de trata de personas.

Cifras de investigaciones y condenas

Durante 2025, las autoridades investigaron 94 casos de trata, frente a 229 en 2024, procesaron a 73 presuntos traficantes y lograron 30 condenas, frente a las 11 registradas el año anterior.

  • 94 casos de trata investigados.
  • 73 presuntos traficantes procesados.
  • 30 traficantes condenados, frente a 11 en 2024.
  • Las investigaciones bajaron de 229 en 2024 a 94 en 2025.

Entre los condenados figura un funcionario de la Policía Nacional, sentenciado a 20 años de prisión por trata con fines sexuales.

Ese mismo año fueron identificadas 139 víctimas: 138 por trata sexual y una por trabajo forzoso. De ellas, 108 eran extranjeras, principalmente colombianas; 30 eran dominicanas explotadas en el país y una dominicana fue explotada en Nigeria. Todas fueron remitidas a servicios gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales apoyadas por el Gobierno.

Deficiencias en víctimas y prevención

Pese a estos avances, Estados Unidos advierte que persisten deficiencias en la identificación de víctimas de trabajo forzoso y de hombres, así como limitaciones en los servicios especializados disponibles en zonas rurales y fronterizas.

El informe también señala que República Dominicana no logró avances significativos en la expansión del programa piloto para registrar a trabajadores migrantes con contratos laborales, una medida destinada a reducir su vulnerabilidad al trabajo forzoso.

En materia de prevención, los esfuerzos gubernamentales se redujeron ligeramente. El Plan de Acción Nacional 2025-2028 cuenta con una asignación de 432 millones de pesos, mientras los inspectores laborales no identificaron sistemáticamente casos de trabajo forzoso ni los remitieron para investigación penal.

Así operan los traficantes

El informe advierte que los traficantes explotan a dominicanos y extranjeros dentro del país, así como a dominicanos en el extranjero. Entre los grupos con mayor riesgo identifica a niños sin hogar y niños haitianos, además de envejecientes y personas con discapacidad que pueden ser obligadas a mendigar.

Las mujeres colombianas constituyen la principal nacionalidad entre las víctimas extranjeras de trata sexual. Los traficantes utilizan falsas ofertas de trabajo, retienen pasaportes y exigen supuestas deudas para devolver los documentos.

Los adolescentes también son explotados sexualmente en calles, parques y playas, mientras las redes sociales son utilizadas para captar víctimas mediante falsas ofertas de empleo, relaciones románticas en línea y la obtención de información personal para extorsionarlas.

Funcionarios dominicanos y organizaciones no gubernamentales han documentado además casos de niños obligados a realizar trabajos domésticos, vender en las calles, mendigar y trabajar en sectores como agricultura y construcción, así como su participación forzada en bandas delictivas y tráfico de drogas. Los traficantes también explotan a personas en sectores como café, azúcar, construcción y servicios.

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