EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica la Ley 339-22, sobre el uso de medios digitales en los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial.
La iniciativa que en su inicio fue presentada por el Poder Judicial y luego de perimir, reintroducida el diputado y presidente de la Cámara Baja Alfredo Pacheco, busca profundizar la transformación digital de la Justicia dominicana y establecer la vía electrónica como regla general para la tramitación de los procesos judiciales y administrativos.
Con la aprobación de urgencia y en dos lecturas consecutivas, la Cámara Baja dio un paso decisivo a una propuesta que plantea ampliar el uso de herramientas tecnológicas en los tribunales, fortalecer la firma digital y establecer nuevos mecanismos de control y trazabilidad de las actuaciones judiciales.
Entre las novedades de la iniciativa esta que los alguaciles deberán documentar mediante un sistema digital georreferenciado las diligencias relacionadas con notificaciones de actos firmados digitalmente, dejando constancia del lugar, fecha y hora en que fueron realizadas.
Comisión introduce nuevas modificaciones al proyecto que actualiza la justicia digital
SANTO DOMINGO.– La comisión de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley que modifica la legislación sobre el uso de medios digitales en los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial presentó este miércoles un informe favorable con modificaciones, con el propósito de adecuar la normativa a los avances tecnológicos y a los cambios registrados en el ordenamiento jurídico dominicano.
Durante la presentación del informe, el presidente de la comisión especial que estudió el proyecto, Tobías Crespo, explicó que las modificaciones introducidas por la comisión buscan responder a situaciones surgidas en la aplicación práctica de la justicia digital, así como actualizar el proyecto conforme a nuevas leyes que no existían cuando fue concebida la legislación vigente.
Entre los principales cambios incorporados figura la ampliación del objeto del proyecto, mediante la modificación de los artículos 4, 5, 12 y 14 de la Ley núm. 339-22, además de la incorporación de un nuevo artículo 12.1.
La comisión también decidió adecuar el contenido del proyecto a distintas normas del ordenamiento jurídico, incluyendo disposiciones relacionadas con el Código Civil, el procedimiento civil, la legalización judicial y la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia.
Asimismo, fueron incorporadas referencias y adecuaciones vinculadas con la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como con las nuevas disposiciones del Código Penal y el Código Procesal Penal, incluyendo sus modificaciones recientes.
Estas actualizaciones resultan necesarias debido a que algunas de las normas contempladas en el proyecto original fueron elaboradas antes de la aprobación de las nuevas legislaciones penales, por lo que era necesario armonizar el régimen de justicia digital con el marco jurídico vigente.
Otro de los aspectos destacados durante la explicación del informe fue el tratamiento de los procesos judiciales que, por determinadas circunstancias, no puedan desarrollarse mediante herramientas digitales.
La propuesta mantiene la utilización de los medios digitales como regla, pero contempla excepciones para aquellos casos en los que existan problemas técnicos, materiales o de conectividad que imposibiliten el desarrollo adecuado del proceso.
De acuerdo con la explicación ofrecida ante el pleno, estas situaciones deberán ser consideradas como excepcionales y no como la norma, con el objetivo de garantizar que las dificultades tecnológicas no terminen convirtiéndose en una barrera para el acceso a la justicia.
Proyecto surge tras experiencia de la pandemia
La iniciativa tiene como antecedente la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19, cuando la suspensión de las actividades presenciales obligó al sistema judicial dominicano a recurrir a herramientas digitales para evitar la paralización de los procesos.
En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia implementó mecanismos de justicia digital mediante una resolución y una plataforma tecnológica.
Posteriormente, distintos sectores, entre ellos el Colegio de Abogados, recurrieron ante el Tribunal Constitucional algunos aspectos relacionados con la aplicación de la justicia digital, particularmente en materia penal.
La nueva propuesta busca precisamente adecuar la legislación a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, al tiempo que incorpora las experiencias acumuladas durante los años de aplicación de la justicia digital.
Con estas modificaciones, el proyecto procura establecer un marco jurídico más actualizado para la utilización de herramientas digitales en los procesos judiciales, procurando equilibrar la modernización del sistema de justicia con la protección de los derechos fundamentales y las garantías procesales.
El proyecto también dispone que jueces, secretarios, servidores judiciales y oficiales de la justicia utilicen firma digital o firma electrónica cualificada para suscribir sentencias, resoluciones, autos y otros documentos vinculados a los procesos jurisdiccionales y administrativos.
La propuesta amplía además el uso de las audiencias virtuales y establece que estas podrán celebrarse en todas las materias, con excepción de la penal, siempre que exista consentimiento de las partes.
Cuando no haya acuerdo, corresponderá al tribunal determinar si la audiencia se realiza de manera presencial, semipresencial o virtual, tomando en cuenta las circunstancias particulares del proceso.
La normativa legislativa fue remitida de inmediato al Senado para completar su trámite y ser convertida en Ley. El pleno senatorial envió el proyecto a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos con plazo fijo de una semana.
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