
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (Cnlcc) depositaron este miércoles una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República (PGR), mediante la cual solicitan paralizar y reubicar el proyecto Manzanillo Gas & Power fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa, en Montecristi.
Las organizaciones pidieron que se adopte una medida cautelar para detener las obras que, según denunciaron, afectan el área protegida, donde se desarrolla un proyecto de dos plantas privadas de generación eléctrica de 860 megavatios a base de gas natural licuado, según detalla un comunicado.
También solicitaron que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, sea procesado en calidad de coautor, omisor y promotor de la instalación de las plantas en esa zona.
En la querella, las entidades reclaman una condena de 10 años de prisión contra el funcionario y una medida de coerción real de 50 millones de dólares, o su equivalente en pesos dominicanos, como garantía para la restauración del área que, según sus cálculos, comprende unos 575 mil metros cuadrados de vegetación.

Las organizaciones sostienen que las obras se encuentran a 55 metros de un lado y 119 metros del otro del núcleo de manglares del Parque Nacional Manglares Estero Balsa. Afirmaron que la construcción provocaría impactos sobre los manglares por las emisiones, el vertido de aguas residuales, el tránsito terrestre y el aumento de la temperatura del agua de la bahía de Manzanillo.
También denunciaron el relleno de humedales y lagunas para la construcción del puerto y el gasoducto vinculados al proyecto, y señalaron que estos cuerpos de agua forman parte de un sistema costero-marino protegido por la Convención Ramsar.
Las entidades indicaron que el proyecto representa una inversión superior a los 1,750 millones de dólares y que contempla dos plantas de generación eléctrica con una capacidad conjunta de 860 megavatios.
Como fundamento de la querella, citaron disposiciones de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 y otras normas nacionales relacionadas con la protección ambiental y las áreas protegidas.
Alegada posición del BID
Las organizaciones también se refirieron a las conversaciones sostenidas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) sobre el proyecto.
Según las entidades, durante ese proceso el BID reconoció que el Proyecto Energía Manzanillo está ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa.
De acuerdo con las organizaciones, el organismo multilateral sostuvo que la ubicación fue determinada por las autoridades dominicanas, que plantearon desarrollar el proyecto en ese lugar. También señalaron que el BID atribuyó al Gobierno dominicano la decisión de utilizar gas natural licuado como combustible.
Las entidades reclamaron, además, que el proyecto sea trasladado a un lugar fuera de la zona de amortiguamiento del parque nacional.
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