El debate actual sobre la actuación de la Policía Nacional nos recuerda que gobernar pensando en el largo plazo se ha vuelto muy difícil. En muchos países, los gobiernos enfrentan la tentación de seguir el oráculo de las redes sociales y acomodar el discurso y las decisiones al estado de ánimo del momento. Y en una sociedad comprensiblemente preocupada por la delincuencia, pocos reclamos son tan seductores como el de aplicar la “mano dura”. Pero la tentación acaba siendo engañosa, porque las preferencias del momento no siempre toman en cuenta sus propias consecuencias.
El Estado tiene el derecho y la obligación de proteger a los ciudadanos y combatir la delincuencia, pero está también obligado a ejercer su poder coercitivo dentro de los límites fijados por la ley. Esos límites no pueden ensancharse o estrecharse según el aplauso o el reproche del momento. Quienes reclaman respuestas drásticas pueden descubrir más adelante que la frontera entre el uso y el abuso de la fuerza era más estrecha de lo que parecía. Los excesos que hoy reciben aplausos pueden ser lamentados mañana, si el imperio de la ley acaba cediendo terreno a la ley de la selva.
La responsabilidad de gobernar no puede ser transferida a la opinión pública. El ciudadano puede reaccionar desde el miedo, la indignación o la rabia. El Gobierno, en cambio, tiene la obligación de mirar las cosas en su conjunto y medir consecuencias que todavía no son visibles.
Esa responsabilidad es todavía mayor cuando está en juego la vida de la gente y cuando los errores pueden resultar irreparables. Las redes sociales y el clamor público permiten saber lo que indigna, entusiasma o asusta. La información es valiosa, pero no sustituye el juicio de quienes guian la nave pública por los mares de la democracia.
