La población dominicana se encuentra atrapada entre la delincuencia, la demanda de acciones y el desborde de la actuación policial con ejecuciones de presuntos delincuentes que tampoco parecen amedrentarse.
El pasado mes de septiembre terminó con casi 50 muertes a manos de agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) y ya al día tres de octubre se reportaron dos nuevos casos de supuestos intercambios de disparos, que en ninguno los policías resultan heridos, mientras la gente cuenta los muertos de cada día.
Estas actuaciones han sido criticadas por entidades y personalidades, ya que viola a el Estado de derecho y que no debe ser la vía para resolver la delincuencia. Sin embargo, parte de la opinión pública apoya la violencia policial contra los antisociales. De hecho, el informe de Latinobarómetro de 2026, indica que el 69% de los dominicanos entiende “que un poco de mano dura al gobierno no le viene mal” y en contradicción solo el 21% está satisfecha con la gestión de la Policía.
¿Política de Estado?
Recientemente el sociólogo Cándido Mercedes documentó que desde el 1996 hasta el pasado 3 de julio la Policía había matado a 7,134 hombres sindicados como delincuentes. De esta cantidad 4,024 ocurrieron en los tres gobiernos de Leonel Fernández; 1,060 en el Hipólito Mejía; 1,092 en los dos períodos de Danilo Medina y 959 durante e los seis años del presente mandato de Luis Abinader.
Esto le lleva a sostener que se trata de una política de Estado que se cumple a cabalidad. “Es, desde hace 30 años, una política de Estado, quizás, la más consistente y permanente en la sociedad dominicana. Somos, de los países de la región, líder de muertos, originados por la institución nacida en el 1936”, afirma Mercedes.
Sin embargo, recientemente, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que los denominados “intercambios de disparos” no constituyen una política del Estado, tras agregar que la reforma policial tiene entre sus principios la protección de los derechos humanos.
No obstante a las declaraciones de Faride sobre los hechos recientes, no se conoce que se haya abierto una investigación para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza o la violación de los protocolos que rigen la intervención policial.
Tampoco el Ministerio Público lleva investigación alguna sobre estos hechos ni se conoce de familiares que se hayan querellado a pesar que hay casos de muertes en presencia de ellos, como ocurrió en Boca Chica con el expolicia Deivi Rosado Durán, alias “El Gordo”, señalado como integrante de la estructura delictiva de “Los Fantasmas”, quien se encontraba acostado y aquejado de salud y fue ejecutado en presencia de sus padres. Este silencio institucional e individual llama la atención.
Los agentes del Dicrim usualmente visten de negro y generan terror
Ante los llamados a entregarse, más de 100 prófugos se han entregado
Críticas
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana al cuestionar los denominados intercambios de disparos, han pedido a las autoridades cumplir con el debido proceso en acciones contra la delincuencia.
Finjus llamó a preservar el equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales, al considerar que la respuesta del Estado frente a la criminalidad no puede limitarse únicamente a la actuación policial.
Sostuvo que República Dominicana enfrenta desafíos importantes relacionados con la criminalidad violenta, por lo que entiende necesario desarrollar una política integral que combine prevención, política social, investigación, persecución y sanción.
Igualmente, que es necesario que los agentes cuenten con entrenamiento, preparación y respaldo institucional para actuar ante situaciones de riesgo.
Mientras que Participación Ciudadana, consideró que el Gobierno “parece haber perdido la paciencia” ante los niveles de violencia que afectan a la ciudadanía y sostuvo que, en lugar de recurrir a métodos que califica de “fracasados e inconstitucionales”, se deben redoblar los esfuerzos para alcanzar la reforma policial iniciada.
A los cuestionamientos de la actuación policial se sumó el abogado Carlos Balcácer quien criticó el argumento de la legítima defensa utilizado por agentes y sostuvo que esa figura jurídica no puede invocarse automáticamente para justificar las muertes ocurridas durante intervenciones policiales.
Igualmente cuestionó al Poder Judicial por las referencias a que algunos de los fallecidos tenían múltiples fichas policiales, señalando que esas anotaciones pueden estar relacionadas con procesos en los que las personas fueron absueltas o puestas en libertad.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también han hecho críticas.
“Yo siempre voy a llamar a que sea el Estado de Derecho el que impere, y eso implica que la Policía investigue, el Ministerio Público tramite, los jueces conozcan, y que existan sentencias que sean tan fuertes que lleven a reflexionar al crimen organizado”, expresó Ulloa al añadir: “Nunca voy a estar de acuerdo con el asesinato”.
De su lado Mercedes sostuvo que ninguna persona puede estar por encima de la Constitución y advirtió que apartarse de las normas establecidas pondría en riesgo el Estado democrático y social de derecho.
Fichas y/o registros
El presidente Luis Abinader ha tomado singular protagonismo en el tema ya que ha realizado pronunciamientos enérgicos con llamado a los prófugos que se entreguen o les irá “peor”, palabra usada en el caso del asesinato de la esposa del cantante Julián “Oro Duro”, quien también resultó herido en un robo en su casa, por el cual cuatro personas guardan prisión.
Desde el pasado mes de septiembre se han entregado 115 prófugos, 29 de ellos luego del llamado del presidente.
La Policía Nacional informó que existen 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución contra 50,865 personas, distribuidas en 31 clasificaciones delictivas.
Llama la atención de que entre el grupo de prófugos un solo hombre figure con 41 órdenes de arresto y/o fichas.
Al respecto, Abinader afirmó que una persona con un historial de 10 fichas delictivas o registros policiales tiene pocas posibilidades de lograr una reinserción efectiva en la sociedad. “Una gente que tenga diez fichas es muy difícil. Yo no le veo muchas posibilidades, nunca se renuncia, de poder reincorporarse a la sociedad”, expresó.
También defendió la necesidad de que el nuevo Código Penal responda a las modalidades actuales de la criminalidad. “Se necesita ya una reacción con un código que pueda encarar esos retos que tenemos actualmente”, acotó.
ZOOM
Avances
Esta situación ocurre en un contexto de un proceso de reforma policial que lleva más de 5 años y cuyos avances más notorios son mejora salarial (29 mil pesos para un raso), una nueva política de formación y de control interno. Esto ha hecho atractivo ingresar la Policía. Al mes pasado de 3,000 jóvenes habían aplicado. Mientras que se han graduado 12,272 agentes.
