Un tema recurrente en el debate público y económico nacional es si la deuda pública de la República Dominicana es sostenible. Responder a esa pregunta exige ir más allá de la conocida relación entre deuda y PIB, porque el nivel de endeudamiento, aunque importante, por sí solo dice poco sobre la capacidad real de un país para cumplir con sus obligaciones. Los inversionistas también observan el peso de los intereses sobre las finanzas públicas, el balance primario, el perfil de vencimientos, la composición de la deuda por moneda y tipo de acreedor, el nivel de las reservas internacionales y la capacidad del Gobierno para refinanciarse en los mercados. Desde esta perspectiva más amplia, la deuda pública dominicana parece sostenible, aunque todavía vulnerable a determinados choques.
Al cierre de junio de 2026, la deuda pública consolidada ascendía a aproximadamente US$81,179 millones, equivalente al 57.7 % del PIB, frente a US$74,058 millones y 57.9 % del PIB en diciembre de 2025. De ese 57.7 %, unos 34.9 puntos porcentuales correspondían a deuda externa y 22.8 puntos a deuda interna neta. Esta medida consolidada combina las obligaciones del Gobierno Central, el resto del sector público no financiero y el Banco Central, eliminando las posiciones intragubernamentales para evitar una doble contabilización. Las cifras correspondientes al período 2024-2026 son preliminares, y las relaciones con respecto al PIB fueron recalculadas utilizando la revisión del producto realizada en junio de 2026.
Existe una distinción importante que con frecuencia genera confusión. La Dirección General de Crédito Público reportó una deuda del sector público no financiero de US$67,827.8 millones en julio de 2026, equivalente al 48.2 % del PIB. La diferencia con respecto al 57.7 % de deuda consolidada no significa que una de las cifras sea incorrecta, sino que responden a definiciones institucionales distintas y, además, corresponden a períodos diferentes: la cifra consolidada es de junio, mientras que la del sector público no financiero corresponde a julio. La deuda consolidada incorpora obligaciones que no aparecen de la misma manera en la medición del sector público no financiero, particularmente las relacionadas con el Banco Central. Cualquier discusión sobre el nivel de endeudamiento dominicano debe, por tanto, comenzar por aclarar qué concepto de deuda se está utilizando.
La perspectiva histórica permite entender mejor dónde estamos. La deuda pública consolidada alcanzó alrededor del 69.4 % del PIB en 2020, durante la pandemia, y posteriormente descendió hasta 62.2 % en 2021 y 58.6 % en 2022, situándose cerca de 57.9 % al finalizar 2025. La reducción desde el máximo registrado en 2020 ha sido considerable, aunque durante los últimos años la relación deuda/PIB ha mostrado una mayor resistencia a continuar descendiendo. Esta relativa estabilidad no constituye por sí misma una señal de insolvencia, pero sí indica que el país dispone de menos espacio fiscal del que tendría con una trayectoria más pronunciada de reducción del endeudamiento, particularmente ante la posibilidad de enfrentar una nueva crisis.
El crecimiento económico ha sido uno de los principales factores que han permitido manejar esta carga. La economía dominicana creció 5.0 % en 2024, se desaceleró considerablemente hasta 2.1 % en 2025 y volvió a ganar dinamismo en 2026, con un crecimiento acumulado de 4.5 % entre enero y agosto, según el Banco Central. Este comportamiento es especialmente importante porque la sostenibilidad depende, en buena medida, de la relación entre el costo efectivo de la deuda y el crecimiento nominal de la economía. Mientras el PIB y los ingresos fiscales crezcan a un ritmo suficiente, resulta más manejable estabilizar o reducir el peso relativo del endeudamiento; la situación se vuelve más compleja cuando el crecimiento pierde fuerza y, al mismo tiempo, el costo del financiamiento permanece elevado.
Precisamente, el costo de la deuda es uno de los aspectos que merece mayor atención. La tasa de política monetaria se encontraba en 5.25 %, mientras que las tasas de interés domésticas permanecían en niveles relativamente altos. El Plan de Financiamiento de 2026 contemplaba aproximadamente US$7,002 millones en servicio de deuda, de los cuales unos US$3,344 millones correspondían a intereses, y más de la mitad de ese servicio, 52.2 %, estaba denominado en moneda extranjera. Al mismo tiempo, el presupuesto contemplaba un déficit equivalente al 3.2 % del PIB y necesidades brutas de financiamiento cercanas al 4.6 %. La discusión, por consiguiente, no puede limitarse al monto que debe el Estado; también importa cuánto cuesta mantener esa deuda y cuánto financiamiento nuevo necesita conseguir cada año para cubrir vencimientos y financiar el déficit.
La composición por moneda representa otra fuente de vulnerabilidad. Al finalizar 2025, el 66.8% de la deuda del sector público no financiero estaba denominada en moneda extranjera, principalmente en dólares, frente a un 33.2 % en pesos dominicanos. Una depreciación importante del peso elevaría el valor en moneda nacional de esas obligaciones y aumentaría el costo de su servicio. Existe, sin embargo, un elemento favorable: los bonos externos tenían un plazo promedio de vencimiento de alrededor de 12.7 años al cierre de 2025. Una estructura de vencimientos relativamente larga disminuye la necesidad de refinanciar grandes cantidades de deuda en períodos cortos y reduce parcialmente la exposición del Gobierno a episodios temporales de volatilidad en los mercados financieros.
La posición externa proporciona un amortiguador adicional. El Banco Central reportaba reservas internacionales brutas cercanas a US$15,434 millones en agosto de 2026, mientras que el déficit de cuenta corriente había disminuido con respecto a años anteriores. Ese colchón contribuye a enfrentar períodos de presión cambiaria y turbulencia financiera, aunque no elimina la exposición de una economía pequeña y abierta a acontecimientos externos. Un aumento prolongado de los precios del petróleo, una desaceleración importante de la economía estadounidense, menores ingresos provenientes del turismo o las remesas, una apreciación internacional del dólar o un deterioro de las condiciones financieras globales podrían afectar simultáneamente el crecimiento, las cuentas externas y el costo del financiamiento público.
La situación fiscal merece especial atención durante los próximos años. Una economía puede convivir durante un período prolongado con una deuda cercana al 60 % del PIB si mantiene un crecimiento suficientemente alto, conserva el acceso a los mercados y genera los ingresos necesarios para atender sus obligaciones. La situación se vuelve más difícil cuando persisten déficits fiscales, las tasas de interés permanecen elevadas y una proporción considerable de la deuda está denominada en moneda extranjera. Bajo esas condiciones, incluso una relación deuda/PIB relativamente estable puede ocultar un aumento gradual de la carga presupuestaria y desplazar recursos que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud, protección social y otras prioridades de desarrollo.
Nada de esto sugiere que la República Dominicana enfrente actualmente un problema de insolvencia o una trayectoria explosiva de endeudamiento. El crecimiento económico, el nivel de las reservas internacionales, el acceso a los mercados, el alargamiento de los vencimientos y la reducción de la deuda con respecto al máximo alcanzado durante la pandemia constituyen elementos favorables. No obstante, una deuda pública consolidada cercana al 58 % del PIB, junto con el peso del servicio de intereses, los déficits fiscales y la elevada proporción de obligaciones denominadas en moneda extranjera, deja al país expuesto a cambios adversos en las condiciones financieras internacionales y a nuevos choques externos.
La deuda dominicana puede caracterizarse, por tanto, como sostenible, pero vulnerable. Mantenerla en esa condición —y, preferiblemente, colocarla en una trayectoria descendente— requerirá algo más que crecimiento económico. Será necesario mejorar gradualmente el balance primario, fortalecer los ingresos permanentes sin sacrificar la inversión pública productiva, continuar desarrollando el mercado de deuda en pesos y reducir progresivamente la exposición cambiaria, al tiempo que se preservan vencimientos largos y la credibilidad de la política fiscal. La verdadera prueba de sostenibilidad no consiste simplemente en mantener la deuda por debajo de un determinado porcentaje del PIB, sino en conservar la capacidad de atenderla sin comprometer la estabilidad macroeconómica, desplazar la inversión necesaria para sostener el crecimiento ni reducir la capacidad del Estado para responder cuando llegue la próxima crisis.
